El pasado viernes, Winckelr obtuvo un amparo mediante el cual se había ordenado modificar la medida cautelar de prisión por resguardo domiciliario.
El exfiscal general del Estado de Veracruz, Jorge Winckler, fue vinculado a proceso por el presunto delito de tortura.
Durante audiencia, un juez de Control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año en contra del exservidor público. La Fiscalía General del Estado informó que se obtuvo la vinculación a proceso por hechos ocurridos en mayo del 2018.
El pasado viernes, Winckelr obtuvo un amparo mediante el cual se había ordenado modificar la medida cautelar de prisión por resguardo domiciliario; sin embargo, de manera inmediata, se le notificó de una nueva orden de aprehensión en su contra.
Un juez de Control del Distrito Judicial de Toluca le había otorgado la protección de la justicia federal por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y desaparición forzada.
Además se ordenó modificar las medidas cautelares en contra del exfiscal, variarlas de prisión por el de resguardo domiciliario.
Acusan persecución de Cuitláhuac García
Sin embargo, autoridades ministeriales cumplimentaron una nueva orden de aprehensión en el penal del Altiplano del Estado de México, donde se encontraba recluido.
La nueva orden ahora es por el presunto delito de tortura cometida en mayo del 2018, cuando se desempeñaba como fiscal.
Desde su destitución y aprehensión en 2022, liderazgos del Partido Acción Nacional han denunciado que se trata de una persecución del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, de Morena.
Fue en septiembre del 2019, luego de haber sido separado del cargo por la mayoría morenista en el Congreso del Estado, que un juez de Control giró una orden de aprehensión contra Jorge Winckler y cinco funcionarios más de ese organismo, por el presunto delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y desaparición forzada.
También se giró orden de aprehensión contra el exfiscal especializado en Personas Desaparecidas y entonces fiscal regional, Luis Eduardo “N”, y el entonces Fiscal Anticorrupción, Marcos Even.
Se trataba del caso de Francisco Zárate Aviña, exchofer del entonces fiscal general Luis Ángel Bravo, y a quien supuestamente privaron de la libertad para que diera datos sobre el paradero de su exjefe que fue detenido.
