Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta denuncia contra García Cabeza de Vaca

Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta denuncia contra García Cabeza de Vaca
El Universal / El Tiempo Monclova

La denuncia, que también incluye al exrector Guillermo Mendoza, es por los delitos de ejercicio ilícito de servicio público, Peculado, Coalición de servidores públicos y uso ilícito de atribuciones y facultades

Ciudad Victoria.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) presentó hoy una denuncia en contra del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el exrector Guillermo Mendoza Cavazos, por los delitos de Ejercicio ilícito de servicio público, Peculado, Coalición de servidores públicos y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Además de ellos, la denuncia también incluye al exsecretario general del Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, y el exsecretario de Administración, Jesús Alberto Salazar Anzaldúa.

El abogado general de la UAT, José Carlos Mora García, informó en rueda de prensa que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

“Derivado del proceso entrega-recepción, y, en consecuencia de este proceso, se han encontrado una serie de inconsistencias graves que afectan el patrimonio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en un orden de 180 millones de pesos”, explicó Mora, quien estuvo acompañado por la contralora de la UAT, María del refugio Flores Salomón.

Dijo que la Universidad opera con base en subsidios aportados por el gobierno federal y también por el estatal, que son entregados a través de un convenio macro que determina las cantidades que deben ser aportadas por ambas administraciones.

“Una parte importante de las participaciones que correspondía al gobierno estatal entregar, no fueron entregadas, esto implica un daño patrimonial particularmente importante, porque muchas de las funciones que la Universidad tiene encomendadas no pueden ser realizadas en virtud de la carencia de estos recursos”, agregó el abogado general.

Mora García señaló que en la revisión que se realizó se detectaron otra serie de irregularidades con afectaciones al patrimonio de la Universidad que pueden ascender a los 500 millones de pesos.

Según la denuncia que se presentó, como parte del convenio con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública para el ejercicio fiscal del año 2022, la UAT recibiría aportaciones por 4 mil 122 millones 429 mil 006 pesos, de los cuales, el Gobierno de Tamaulipas aportaría 1 mil 650 millones 739 mil 222 pesos.

Se indica que el 19 de abril de 2022 el entonces rector, Guillermo Mendoza, solicitó al entonces gobernador un inmueble en donación en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, para realizar un campus universitario, y que dicho inmueble finalmente fue enajenado, pero con un sobreprecio de su valor en detrimento de la institución.

En la denuncia se añade que, “la iniciativa que se envió al Congreso del Estado por parte del exgobernador y exsecretario general de Gobierno refiere que el valor del inmueble era de 187 millones 804 mil 94 pesos, siendo el valor real del inmueble de 13 millones 81 mil pesos, según avalúo que acompaña a la denuncia”.

En otra parte de la exposición, Mora García indica que la Auditoría Superior de la Federación, en su Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2022, publicada en su página oficial de internet, reveló que durante el ejercicio fiscal 2022 únicamente se realizaron aportaciones estatales por un total de 1,190,355.5 miles de pesos; por lo anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de Tamaulipas omitió depositarle a la UAT más de quinientos millones de pesos, y por lo tanto no cumplió con el total de la aportación que le correspondía.

Indicó que la denuncia señala que los ahora exfuncionarios dolosamente omitieron aportar más de quinientos millones de pesos a la Universidad, ocultando el uso y destino final del recurso.

“Se determinó al respecto que los exfuncionarios del Gobierno de Tamaulipas dieron una aplicación distinta a los recursos públicos estatales que debieron ser ministrados a la Universidad, intentando justificarlos en los gastos erogados durante la pandemia, y que no se acreditó que ese recurso se hubiera redireccionado al rubro relativo a la salud”, añadió.

 

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