La madre explicó que hay una serie de actos de corrupción entre autoridades a favor del coronel
Saltillo, Coahuila, MÁS. – Un grupo de personas acudió afuera del recinto donde se presentaba el informe anual de actividades del Poder Judicial del Estado, para protestar por el influyentismo y la falta de interés, en casos de violencia vicaria.
Representantes de colectivos y familiares de las víctimas acudieron con mantas al lugar en donde el magistrado Miguel Mery Ayup se disponía a rendir su tercer informe, ya que opinaron, en sus casos la justicia no se ha impartido correctamente.
Tal es el caso de Linnet, madre de dos niños de 5 años de edad, a quienes no ha podido ver desde principios de noviembre, debido al influyentismo de la familia de su expareja y del padre de los menores, en el caso.
José Luis Serrano, quien manifestó ser padre de la víctima, señaló que la Jueza de lo familiar, Cristina Aguirre, resolvió el caso en solo 5 días, dándole la custodia completa a Roberto José Díaz, exesposo de Linnet e hijo el exadministrador fiscal del estado Roberto Díaz, quien además está vinculado a proceso penal por violencia.“El papá de él fue fiscal general administrador, con Humberto y Rubén Moreira; de ahí todo el influyentismo que se está utilizando y nos están avasallando. La jueza ha actuado parcialmente y no consideró el caso como violencia de género, pues el juicio debió haber tenido esa consignación”, explicó.
“En cuatro días le dio la custodia, el 29 de abril del 2022, de ahí se han venido trasteando una serie de irregularidades en donde también ha participado el magistrado David Pérez”, agregó.
Asimismo, Hatziri acudió a exigir que sean respetados los derechos de su pequeña hija, quien cuenta con un diagnóstico de retraso de neurodesarrollo, pues lleva varios años en un proceso de litigio contra José, un comandante del 69 Batallón de Infantería de la Secretaría de Defensa Nacional, quien no la reconoce como su hija y se niega a dar la manutención correspondiente.
La madre explicó que hay una serie de actos de corrupción entre autoridades a favor del coronel, pues en el juicio de reconocimiento de paternidad se designó como perito único de ADN al coordinador de genética de la Fiscalía General del Estado, quien tenía un impedimento de participar en el caso, por ser hermano de la abogada del demandado.
Al denunciar la situación, el juez familiar sostuvo la asignación de este perito impedido, por lo que interpuso una denuncia por responsabilidad administrativa ante el Consejo de la Judicatura, asimismo en la Fiscalía General del Estado contra el perito.
