Por falta de experticia, se retiró la denuncia y ahora hay 34 amparos detenidos.
Recientemente, se desestimó una demanda presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila por contaminación del aire. Esta demanda fue interpuesta por vecinos del norte de Saltillo, incluyendo más de 90 habitantes de colonias como Virreyes, Kiosco, La Salle, Los Maestros y Villas de San Fernando. Acusaron a la empresa Tupy y a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (Propaec) de ser responsables de la contaminación en la zona.
Sin embargo, esta semana los vecinos anunciaron que debido a un problema administrativo y a la falta de un perito, la demanda fue desechada y ahora hay 34 amparos detenidos. Señalaron que corresponde a los ciudadanos encargarse del peritaje, el cual debe ser realizado a través de universidades o instituciones con peritos calificados, para llevar a cabo el análisis de la contaminación y el proceso de la demanda.
Desafortunadamente, durante varios años los habitantes del corredor industrial han experimentado la presencia de una sustancia negra en patios, ventanas, muebles, utensilios y mascotas. Se ha demostrado que este polvo se levanta con un imán y solo se puede limpiar con abundante agua.
El año pasado, se informó sobre la respuesta de Tupy ante las acusaciones, alegando que cumplen con las regulaciones ambientales y que no son la única empresa que contamina en el corredor industrial ubicado en el bulevar Isidro López Zertuche.
En abril de este año, la empresa reiteró que ha logrado una reducción del 40% en partículas sólidas según las mediciones realizadas en los alrededores. Además, invirtieron 1.35 millones de dólares en el mantenimiento y mejora de sistemas de filtración y captación de polvo.
Por otro lado, la Propaec, instancia ante la cual se presentó la denuncia, aclaró que la empresa está regularizada ante el gobierno estatal. Según Javier de Jesús Rodríguez Mendoza, titular de la Propaec, Tupy opera en un ámbito de competencia federal y, por lo tanto, necesita los permisos correspondientes del estado. Sin embargo, debido a los trámites lentos y la falta de un delegado en el Gobierno Federal, se presentan demoras en su proceso.
En respuesta a lo mencionado anteriormente, en febrero de 2024, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) afirmó su compromiso de atender e investigar la posible contaminación. Declararon que se encargan de investigar todas las denuncias relacionadas con la contaminación del aire, agua y suelo, asegurando que se respeten los derechos e integridad de todas las partes involucradas.
