La Ciudadanía propuso al Congreso del Estado una iniciativa con el objetivo de asegurar el acceso a la justicia y a un debido proceso en la resolución de disputas.
La propuesta busca reformar la Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias en Coahuila para que los facilitadores en la resolución de controversias sean profesionales titulados en Derecho. Esto promovería una cultura de la paz y ayudaría a aliviar la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales, que enfrentan una crisis debido a la gran cantidad de asuntos, muchos de ellos de menor cuantía y no graves.
De esta manera, los acuerdos a los que lleguen las partes recibirían el carácter de cosa juzgada, siempre y cuando sean certificados por el Centro Estatal de Medios Alternos del Poder Judicial. En caso de incumplimiento, bastaría con presentar el acuerdo ante un juez para que este se encargue de hacerlo cumplir. La certificación profesionalizaría la mediación y daría eficacia a los acuerdos.
Rogelio III de los Reyes Torres, catedrático, entregó al Congreso del Estado esta iniciativa ciudadana que modifica el Artículo 12 del ordenamiento. Esto establecería que los facilitadores sean profesionales del derecho con el propósito de garantizar un debido proceso y acceso a la justicia en la solución de controversias.
En Coahuila, los medios alternos han demostrado su efectividad desde hace más de 6 años, cuando se implementó el sistema estatal de justicia alternativa, convirtiéndolo en pionero en el tema. Posteriormente, se sumaron los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas.
Se considera medio alternativo de solución de controversias a todo proceso en el que tanto la víctima u ofendido como el imputado participen activamente en la resolución de los asuntos derivados del delito, con el objetivo de alcanzar un resultado alternativo que priorice la reparación del daño.
"En el ámbito internacional, esta iniciativa busca agregar el requisito de ser licenciado en derecho y se basa en experiencias de países como Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, que fueron pioneros en la implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias en América Latina. Estos incluyen la mediación y la conciliación, que son alternativas breves, económicas y efectivas para resolver conflictos", comentó.
"La iniciativa busca fomentar la convivencia orgánica e incentivar una cultura de paz social, de manera que los conflictos que surjan se resuelvan a través del diálogo con la ayuda de especialistas. Además, busca promover la restauración de las relaciones interpersonales y sociales mediante los mecanismos de solución de controversias entre la sociedad, y establecer bases para la regulación de los mecanismos alternativos de solución", afirmó.
Asimismo, pretende fortalecer a los organismos especializados encargados de conducir y aplicar los mecanismos alternativos de solución de controversias, regulando su funcionamiento.
Actualmente, la Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias, en el Capítulo Segundo llamado "Los Facilitadores", establece que estos deben ser personas honorables, mayores de edad y contar con capacitación en métodos alternos de solución de controversias. La propuesta plantea que los facilitadores sean licenciados en derecho.
