Audiencias juegan un papel fundamental tanto los Ministerios Públicos como los asesores jurídicos de las personas señaladas como responsables, ya que estos últimos trabajan para defender al señalado y buscar justicia.
Por más fácil que parezca el hecho de poder sacar de circulación a personas que se han visto inmiscuidas en algún delito dentro del estado de Coahuila, se lleva a cabo un procedimiento con la finalidad de que exista una acción fundamentada para la detención legal de cualquier ciudadano, según las acciones que se llevan a cabo de forma constante por parte de la Fiscalía General del Estado en la Delegación Norte.
Si bien se habla de que en ocasiones personas que son responsables de algún caso o una serie de delitos quedan en libertad, se debe a que en la actualidad existe una baja cultura de formalizar la denuncia cuando alguna persona se ve afectada, y principalmente por el hecho de que no se realice lo propio, un presunto delincuente puede quedar en libertad.
FGE. Según la información proporcionada por el agente del Ministerio Público, Santiago de Jesús Espinosa, la Fiscalía General del Estado es la responsable de investigar delitos consumados. En esto se confirma que al momento en que se lleva a cabo el constitutivo de delito, se procede con la investigación, en espera de alguna denuncia. También en ocasiones se logra detener a personas por delitos diversos, pero que al mismo tiempo se puede tener la participación en otros hechos; ahí es donde la denuncia juega un papel importante, ya que en ocasiones han logrado asegurar a personas por delitos de amenazas o lesiones, pero tras la investigación se confirma que formaron parte de otros hechos delictivos como homicidios o robos, sin dejar de lado delitos de índole sexual.
Denuncias. El proceso en que se lleva a cabo una prisión preventiva inicia desde el momento de la detención. Si no existe flagrancia, es necesaria la denuncia por parte del afectado. Luego de que se tiene la misma en un lapso de 48 horas, que es el término constitucional de cualquier persona detenida en las celdas de la dependencia estatal de seguridad, se integra la carpeta de investigación. Si no hay pruebas, no se puede judicializar, es decir, ponerlo a disposición de un juez para que se lleve a cabo una audiencia; esto es generalmente cuando no interponen la denuncia. Cuando el caso se judicializa, se pacta la audiencia por el delito clasificado y en ese sentido es cuando el Ministerio Público formula la petición del acto formal de detención del imputado por el delito que se le señala. En ocasiones, los asesores jurídicos del presunto responsable tienen distintas estrategias como la duplicidad del término, solicitando al juez más tiempo para poder entregar pruebas de que dicha persona es inocente. Cuando esto se concede, se reanuda generalmente dentro de tres o cinco días, según sea el caso. En el momento en que se lleva a cabo la misma, es el juez quien decide si hay pruebas suficientes para liberar a la persona o en su debido caso, vincularlo al proceso por un tiempo determinado. Ahí, dependiendo del delito, es donde se finca la medida cautelar; si son delitos de alto impacto o incluso de índole sexual, generalmente se decreta la prisión preventiva de forma justificada; pero en otros casos también se puede vincular a proceso a alguna persona, pero en libertad o con medidas cautelares distintas; una de ellas puede ser presentación periódica, bajo un brazalete electrónico, medidas de restricción, entre muchas otras, pero al final del día en libertad.
En este punto es donde juega un papel importante por parte de los ministerios públicos y también de los abogados. Es fundamental señalar que siempre se buscan acciones que sean completamente transparentes, sin violar los códigos de los derechos humanos ni del código penal, de igual manera las acciones y distintos cambios del código son estudiados rápidamente por parte de las autoridades para asegurar una documentación favorable y garantizar la legalidad.
