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Presionan activistas por despenalizar el aborto en Zacatecas

Presionan activistas por despenalizar el aborto en Zacatecas
AGENCIAS / EL TIEMPO
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Después de una férrea lucha jurídica y por mandato judicial, la Legislatura de Zacatecas debe reformar tres artículos del Código Penal que permitirán la interrupción voluntaria del embarazo.

Una vez que se aplique la reforma, se convertirá en la entidad número 15 en despenalizar el aborto.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Emilia Pesci y Cristela Trejo, abogadas del Movimiento Feminista de Zacatecas, explicaron que una vez que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito notifique esta resolución aprobada el pasado viernes, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo estatal "ya no tendrán más argumentos basados en prejuicios sociales o ideas moralistas" para retrasar esta reforma y solo les queda acatar esta sentencia.

Destacaron que esto es un logro de una larga lucha jurídica que se ha dado en la entidad, ya que en reiteradas ocasiones han presentado iniciativas para despenalizar el aborto, pero siempre se iban a la congeladora o ponían trabas para no dictaminar o llevarla al pleno, pese a que el estado estaba obligado a homologar los derechos humanos reconocidos desde septiembre de 2021 por los criterios emitidos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ya no se criminaliza a la mujer por la interrupción del embarazo hasta la semana 12.

Incluso, explicaron que hay una serie de demandas y recursos que se interpusieron, pero, uno de la colectiva Adornos del Semidesierto inicialmente fue desechado en diciembre de 2023, bajo el argumento de que la organización civil carecía de interés legítimo en la impugnación de los artículos del Código Penal, por ello, se promovió con el respaldo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) que impulsa una estrategia jurídica nacional y que ha permitido ganar sentencias en otros estados.

El triunfo ocurrió este viernes y determinó conceder el amparo a la organización y declarar la legalidad del aborto voluntario, por lo que se obliga a reformar los artículos 311, 312 y 313 del Código Penal del Estado.

Cabe mencionar que actualmente en la ley local que data de 1986, en el artículo 311 se establece una pena "de cuatro meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure un aborto o consienta en que otro la haga abortar".

Y se precisa que la pena puede ser aumentada un tanto más si se falta a alguna de las siguientes circunstancias: "que no tenga mala fama; que haya logrado ocultar su embarazo; que éste sea fruto de una unión ilegítima; y que el aborto se efectúe dentro de los primeros cinco meses de embarazo".

También se criminaliza profesionalmente al señalar que "si el aborto lo causa un médico, cirujano, comadrona o partera, además de las sanciones que le corresponden conforme al artículo anterior, se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión".

En próximos días, las activistas analizarán si realizan alguna manifestación o solo buscarán un acercamiento con los legisladores locales para exigirles que cumplan con este mandato judicial, ya que han tenido conocimiento que "los diputados de Morena, PAN, PRI y varias fracciones están en la postura de no hacer nada y dejar que sea la siguiente la legislatura la que retome el trabajo".

Independientemente de eso, las activistas mencionan que estarán pendientes del trabajo legislativo, porque esta sentencia también permitirá que se establezcan reformas a la Ley de Salud para garantizar que en todas las instituciones de salud pública que se acondicionen "áreas de aborto seguro y servicios de salud dignos".

Aclaran que no se trata de que van a existir filas y filas de mujeres abortando en los hospitales, sino de un acto de justicia, además de ser un derecho a decidir sobre su maternidad, "porque históricamente ha existido una subordinación y un control patriarcal sobre el cuerpo de las mujeres".

El pasado 1 de agosto, un tribunal colegiado ordenó al Congreso de Nayarit derogar el delito de aborto del código penal del estado; el recurso de amparo que desembocó en esta resolución fue promovido por organizaciones feministas como GIRE, Redefine Nayarit, entre otras.

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