La Secretaria General, Adriana Díaz Contreras, señaló que "si ocurrió el financiamiento ilícito fue un acto a título personal desconocido por la dirigencia y militancia perredista"
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se deslindó de la información que circula en medios, en la que se reveló que en 2006 el Cártel de Sinaloa presuntamente financió la campaña de Andrés Manuel López Obrador, cuando fue candidato a la presidencia bajo las siglas del Sol Azteca.
Al respecto, la Secretaria General, Adriana Díaz Contreras, señaló que en 2006, el PRD participó en los comicios federales respetando las reglas electorales, y puntualizó que en todo caso, “si ocurrió el financiamiento ilícito para la campaña presidencial de López Obrador, fue un acto a título personal totalmente desconocido por la dirigencia y militancia perredista”
La lideresa partidista, advirtió que pese a ello, no duda que López Obrador tenga nexos con el crimen organizado: “Ahora entendemos el porqué de su política de abrazos y no balazos”.
Adriana Díaz criticó que el hoy Presidente no se ha cansado de señalar que antes había un narco Estado y ahora no; sin embargo, sostuvo que existen múltiples denuncias, indicios y solicitudes de investigación sobre presuntos pactos entre integrantes de Morena de todos los niveles con la delincuencia organizada.
“Los más evidentes y constantes han ocurrido en Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas, y Veracruz, pero en todo el país surgen cada vez más evidencias que destruyen la credibilidad de su administración, ya que podría estar más vigente que nunca el narco Estado con la complacencia del gobierno federal”, lamentó.
Por ello, la Secretaria General del PRD, exhortó a las autoridades de procuración de justicia a que se analice el valor probatorio de las investigaciones, declaraciones y acusaciones de corrupción y tráfico de influencias de sus tres hijos y las relaciones que existen entre el gobierno federal y estatales de Morena con la delincuencia organizada.
Además, propuso a las y los diputados del poder legislativo integrar una comisión especial que investigue la red de corrupción y vínculos con la delincuencia del presidente López Obrador.
“De acuerdo con la Constitución Política, es posible imputar y juzgar al Presidente de la República durante su encargo en caso de contar con elementos y pruebas que puedan acreditar la traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. Esto explica también su afán de cooptar el poder judicial”, agregó.
Finalmente, exigió al presidente López Obrador garantizar un relevo presidencial pacífico, con elecciones libres e imparciales; y respaldó a quienes han tenido el valor para denunciar el pacto que prevalece entre la delincuencia organizada y los gobiernos de Morena.
