Ante esta situación, el Congreso instó por segunda vez a los municipios a proporcionar detalles sobre centros de rehabilitación
Según información extraoficial, mientras en Torreón hay 60 anexos registrados legalmente, se estima que existen alrededor de 200 anexos clandestinos en la región. Ante esta preocupante situación, el Congreso del Estado instó por segunda vez a los 38 municipios a proporcionar detalles sobre el registro de centros de rehabilitación en sus respectivas localidades.
Fue el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Valdés Flores, quien habló al respecto, pues a principios de año el Legislativo emitió un exhorto a los 38 ayuntamientos y hasta la fecha, reveló, ninguno ha respondido.
Resaltó que se pidió a los municipios cuatro datos relevantes: primero, cantidad de licencias o permisos de construcción, uso de suelo y protección civil que han otorgado a establecimientos de tratamiento para farmacodependientes llamados centros, anexos o casas de rescate; segundo, para los anexos autorizados ¿cómo se procura el auxilio estatal en la planeación y ejecución de las disposiciones en cuanto a prevención, atención, control, combate y tratamiento de la farmacodependencia?
Tercero, el mecanismo que implementa de supervisión y vigilancia para el debido cumplimiento en materia municipal por parte de los establecimientos que atiendan la farmacodependencia y, cuarto, ¿cómo se hace la ubicación de lugares clandestinos? Y, en caso de ser afirmativa, ¿cuál ha sido el resultado de su inspección, informando cuántos han clausurado y cuál ha sido el procedimiento municipal para su regulación?
El objetivo de tener el padrón exacto de centros de rehabilitación, sus condiciones de funcionamiento y medidas preventivas y de seguridad de los internos por cada región, explicó, es para actualizar o adecuar la ley “a los tiempos que se están viviendo y atender la problemática de manera más oportuna”.
Valdés Flores relató el incidente más reciente: fue en el anexo denominado “Sanareh”, en la región Centro, donde familiares denunciaron abusos en contra de los internos.
“Los obligaban a trabajar en una propiedad construyendo una casa, lo hacían sin equipo ni protección ni capacitación adecuada, cubrían horarios de 5 de la mañana a 9 de la noche, sin descanso y la promesa de mejor alimentación que a sus compañeros restantes”.
Luego de informar que algunos internos se fugaron aprovechando su salida a la construcción, el legislador exhortó de nueva cuenta a los 38 municipios a enviar la información.
El Congreso trabaja en crear una ley especial sobre la materia, afirmó, la cual aplique en un único ordenamiento legal los requisitos y funcionamiento que debe cumplir todo anexo de rehabilitación, por lo que es prioritario contar con la información solicitada para ubicar y detectar la problemática y establecer un orden y que los anexos funcionen adecuadamente y sean efectivos para la comunidad.
