A pesar de 40 amparos, dos demandas y regulaciones impuestas por la empresa, los residentes del norte de Saltillo continúan enfrentando la presencia de hollín negro en sus hogares.
El pasado martes 11 de junio, los vecinos de esta área se reunieron con representantes del Instituto Federal de la Defensoría Pública en un esfuerzo colectivo para abordar la problemática del aire contaminado en su región. Recopilando más de 30 firmas, buscan emprender acciones legales contra la empresa Tupy, señalada como la principal responsable de la contaminación del aire en el corredor industrial del bulevar Isidro López.
La comunidad de al menos 270 familias en colonias como La Salle, Kiosco, Villas de San Fernando y Los Maestros ha experimentado durante años las consecuencias de esta contaminación. Desde 2012, los residentes han reportado cambios en la calidad del aire, manifestados en dificultades respiratorias y la presencia de un polvo negro en sus propiedades, vehículos y mascotas.
A pesar de los esfuerzos por limpiar este polvo, los residentes han documentado su persistencia, incluso evidenciando densas nubes de polvo negro durante las noches. En mayo de 2023, Diana Tobías compartió la historia de su suegra Martha Torres, quien desarrolló complicaciones pulmonares sin antecedentes de fumar, lo que los vecinos atribuyen a la contaminación.
A pesar de los numerosos amparos y demandas presentadas por los residentes, incluida una doble demanda contra Tupy y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (Propaec), las respuestas han sido insuficientes. Las demandas fueron desechadas en mayo de este año por motivos administrativos.
En abril de este año, Tupy emitió un comunicado asegurando el cumplimiento de las regulaciones ambientales y en junio del año pasado señaló que no es la única empresa que contribuye a la contaminación en el corredor. Sin embargo, los problemas persisten.
Ante esto, la Propaec ha afirmado que la empresa está regularizada ante el gobierno estatal, pero la lentitud del proceso burocrático a nivel federal ha sido una barrera para una acción eficaz.
En respuesta, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha asegurado estar comprometida a investigar y abordar el problema para garantizar la integridad y los derechos de todas las partes involucradas.
