Si bien el servicio estuvo disponible en el hospital hasta el año pasado, en la actualidad no cuentan con un médico designado para realizarlo.
Julio Garibaldi Zapatero, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Uno, informó sobre la falta de personal médico disponible para llevar a cabo la interrupción legal y voluntaria del embarazo en la región, lo que ha llevado a que las mujeres que requieren este servicio sean canalizadas a Monclova para su atención.
En declaraciones recientes, Garibaldi Zapatero explicó que, si bien el servicio estuvo disponible en el hospital hasta el año pasado, en la actualidad no cuentan con un médico designado para realizarlo.
Objeción. Esta situación se debe en parte a la objeción de conciencia por parte del personal médico, lo que ha dificultado la disponibilidad de profesionales dispuestos a llevar a cabo este procedimiento en la región. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Uno señaló que, aunque no pudo precisar la cantidad exacta, estiman que alrededor de 30 casos de interrupción legal del embarazo fueron atendidos en el año anterior en la región.
Unidad. Además, mencionó que anteriormente se contaba con una unidad en Allende para llevar a cabo este tipo de procedimientos, pero que actualmente esta unidad ya no está en funcionamiento, por lo que las pacientes son referidas a Monclova para recibir atención.
La falta de personal médico capacitado para llevar a cabo la interrupción legal y voluntaria del embarazo representa un desafío para las mujeres en la Jurisdicción Sanitaria Uno, quienes se ven obligadas a desplazarse a otras ciudades para acceder a este servicio. Esta situación ha generado preocupación entre diversas organizaciones y activistas que abogan por los derechos reproductivos de las mujeres en la región.
Riesgo. La falta de acceso a este servicio médico no solo representa un obstáculo para aquellas mujeres que necesitan interrumpir un embarazo de manera legal y segura, sino que también pone en riesgo su salud y bienestar al recurrir a métodos inseguros o clandestinos. Ante esta situación, se espera que las autoridades sanitarias y gubernamentales tomen medidas para garantizar el acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo en la Jurisdicción Sanitaria Uno, ya sea mediante la capacitación de personal médico dispuesto a llevar a cabo el procedimiento o mediante la implementación de políticas que faciliten el acceso a este servicio en la región. La falta de acceso a la interrupción legal del embarazo también destaca la necesidad de abordar las barreras sociales y culturales que pueden dificultar que las mujeres accedan a servicios de salud reproductiva. Es fundamental promover la educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados y garantizar que todas las mujeres tengan información.
