La propuesta de reforma no hace referencia clara a las condiciones generales de trabajo que consagran prestaciones
El personal federal rechazó la reforma judicial y pronunció que los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional son una estrategia dilatoria que tiene por objeto frenar la protesta
Magistrados, jueces, trabajadores administrativos y sindicalizados del XVIII Circuito del Poder Judicial Federal convocaron a la unidad para defender el último bastión de la democracia y luchar por la independencia judicial y el derecho a que no se coarte su posibilidad de seguir avanzando en la carrera judicial.
El personal federal en Morelos rechazó la reforma judicial y pronunció que los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional son una estrategia dilatoria que tiene por objeto frenar la protesta de los integrantes del Poder Judicial."A los jueces no nos corresponde oponernos a la reforma, no la vamos a votar, no somos oposición política, pero sí es nuestro deber frente a esta reforma, señalar claramente los riesgos que advertimos y ofrecer ideas surgidas de nuestra experiencia para que puedan valorarse en este anhelo de cambios", sostuvo el magistrado Luis Vega.
En ocasión del Día Nacional de la Abogacía, la magistrada Ana Luisa Mendoza Vázquez, directora nacional de apoyo a personas juzgadoras jubiladas de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, subrayó que su trabajo es controlar el poder arbitrario que se ejerce fuera de la ley y este, dijo, es el motivo principal para tratar de desaparecer al PJF.
"Al no ceder a las exigencias de subordinación de los otros dos poderes, hemos recibido como respuesta este intento de destitución masiva de jueces y magistrados constitucionales valiéndose de la posición del partido oficial mayoritario en el Congreso", sostuvo.
Consideró que la reforma judicial que promueve el Ejecutivo y sus legisladores generará jueces sometidos a los intereses de la política y eso, apuntó, destruye no solo la división de Poderes, sino que desmantela y rompe el brazo más sólido y vigoroso del Estado Constitucional, cuyo objeto y condición prohíbe concentrar el poder.
En su opinión, es un grave error mezclar intencionalmente la justicia social y política que corresponde al Ejecutivo y Legislativo, con la impartición de justicia que corresponde al Poder Judicial de la Federación.
De paso, rechazó que el Poder Judicial sea la causa de los problemas nacionales que representan el crimen organizado, la corrupción, el patriarcado, la violencia contra la mujer, la discriminación, el abandono del campo, la destrucción del medio ambiente, la impunidad. Al contrario, sostuvo, nuestro juicio de amparo es el único escudo frente a los actos autoritarios.
En representación de los tratadores del PJF en Morelos habló Deyanira Martínez Contreras, secretaria adscrita al Tercer tribunal colegiado.
"No a la improvisación, sí a la carrera judicial; sí a la división de Poderes", afirmó y llamó la atención de sus compañeros porque, dijo, aunque algunos líderes políticos sostengan que el proyecto de reforma salvaguarda los derechos laborales de la clase trabajadora a través del artículo décimo transitorio, no se puede confiar en ello porque la propuesta de reforma es ambigua e imprecisa al hablar de derechos laborales.
En ese particular, precisó, la propuesta de reforma no hace referencia clara a las condiciones generales de trabajo que consagran prestaciones que no están propiamente contenidas en la ley, sino que en su momento fueron concertadas con el Consejo de la Judicatura, su patrón, que ante su inminente desaparición no hay nada que les garantice que serán respetadas.
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