Al Jazeera es uno de los canales con mayor despliegue y periodistas en la Franja de Gaza y desde octubre ha informado sobre bombardeos de hospitales, ataques contra edificios residenciales y la muerte de gazatíes no armados.
La decisión de Israel de cerrar las oficinas del canal qatarí Al Jazeera y prohibir su difusión ha desatado una lluvia de críticas, incluyendo de Estados Unidos y Naciones Unidas.
“Al Jazeera debería poder operar en Israel tal y como opera en otros países de la región. Seguiremos apoyando a los defensores de los medios de comunicación libres e independientes en todo el mundo", dijo en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
El representante del Ejecutivo estadounidense subrayó que la administración de Joe Biden se opone a ese veto y está preocupado por la decisión israelí.
Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también se refirió a este tema. “En cuanto al cierre de la oficina de Al Jazeera en Israel (...), hemos dejado claro que estamos firmemente en contra de cualquier decisión que haga retroceder la libertad de prensa”, dijo.
“Una prensa libre proporciona un servicio invaluable para garantizar que el público esté informado y comprometido", añadió.
Gobierno israelí ordena cierre de la cadena Al Jazeera
El Gobierno israelí aprobó el domingo pasado el cierre de la cadena, muy activa en la cobertura de la guerra en Gaza, por "dañar la seguridad del Estado". La medida estará vigente por un periodo de 45 días, renovable.
Según un video compartido en X por el ministro de Comunicación israelí, Shlomo Karhi, inspectores del Ministerio de Comunicaciones, junto a policías, registraron las oficinas del canal en el Hotel Ambassador, en el territorio ocupado de Jerusalén Este, y confiscaron sus equipos. La cadena dejó de transmitir poco después del anuncio.
Al Jazeera es uno de los canales con mayor despliegue y periodistas en la Franja de Gaza y desde octubre ha informado sobre bombardeos de hospitales, ataques contra edificios residenciales y la muerte de gazatíes no armados, lo que según expertos podrían ser considerados crímenes de guerra.
