Libera gobierno de AMLO a 458 personas por amnistía en los últimos 3 años
El documento señala que al 30 de agosto pasado se recibieron 2 mil 736 solicitudes.
Del total de personas beneficiarias, 422 son mexicanas, 11 ecuatorianas, 10 colombianas, ocho guatemaltecas, dos peruanas; una estadunidense, una hondureña y una salvadoreña.
De agosto de 2021 a agosto de 2024 se han otorgado 458 beneficios de amnistía, destaca el informe anual de la Comisión de Amnistía de la Secretaría de Gobernación, remitido al Senado de la República.
El documento señala que al 30 de agosto pasado se recibieron 2 mil 736 solicitudes, de las cuales 305 no cuentan con un proyecto de resolución puesto a consideración de la Comisión de Amnistía, y mil 961 ya han sido analizadas y determinadas.
De las 305 solicitudes que no cuentan con un proyecto, 244 se encuentran en análisis, 52 en reserva sin determinación y nueve no han sido turnadas.
Respecto a las 458 solicitudes consideradas procedentes, 48 ocurrieron en 2021; 161 en 2022; 167 en 2023 y 82 en agosto de 2024.
Del total, 449 corresponden a personas que se encontraban procesadas o sentenciadas por la comisión de delitos contra la salud relacionados con narcóticos; seis por tratarse del delito de robo simple del fuero federal y tres por delitos en materia migratoria, por tratarse de aquellas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, por no haber accedido plenamente a la jurisdicción del Estado.
Del total de personas beneficiarias, 422 son mexicanas, 11 ecuatorianas, 10 colombianas, ocho guatemaltecas, dos peruanas; una estadunidense, una hondureña y una salvadoreña. 153 personas son mujeres y 305 hombres; 43 corresponden a personas indígenas, de las cuales 12 son mujeres y 31 hombres.
Los supuestos e hipótesis que fueron acreditadas durante el análisis de los expedientes de solicitudes que resultaron procedentes son las siguientes:
411 por encontrarse en situación de pobreza, 10 por haber cometido el delito por indicación, nueve por contar con una discapacidad permanente, siete por temor infundado, seis por tratarse de personas indígenas que durante su proceso no accedieron plenamente a la jurisdicción del Estado, seis por robo simple, cinco por situación de vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, dos por tratarse de personas consumidoras de enervantes y dos por haber sido obligadas por grupos de la delincuencia organizada.
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