La iglesia se mantiene activa ante amenaza de deportaciones
Las deportaciones masivas han generado un intenso debate en el ámbito político, social y humanitario.
El nuevo gobierno entrante de los Estados Unidos ha declarado sobre sus intenciones al entrar el año 2025.
Ante riesgo latente de las deportaciones masivas que amenaza el Presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump quien tomará protesta el próximo 2 enero, las autoridades civiles se encuentra cerrando filas para hacerle frente en caso de llegarse a presentar, pero además la iglesia es otra de las áreas que esta preocupados por la situación que pudiese llegar a presentarse en la ciudad.
El Obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Miranda destacó la serie de reuniones sostenidas con quienes se encargan de los albergues para migrantes en la frontera a fin de conocer la capacidad y estar preparados para brindar la atención en caso de que se requiera y de ser necesario habilitar espacios para apoyar a la multitud de personas que se avecinen.
Dignidad. El Prelado manifestó la inquietud de algunos migrantes por cruzar la frontera antes de que tome protesta el presidente Trump, estando anunciándose a nivel nacional caravanas sin que hasta el momento se tenga algo en concreto sin que hasta el momento no se tenga nada, pero como iglesia no bajan la guardia, exhortando a tratar al migrante con dignidad. Durante su campaña, el ahora presidente hizo de la seguridad fronteriza un tema central. Señaló que la inmigración ilegal no solo representa una amenaza para la seguridad nacional, sino que también contribuye a problemas sociales, económicos y humanitarios que afectan tanto a los ciudadanos estadounidenses como a las comunidades migrantes, la crisis humanitaria en la frontera, caracterizada por el aumento de cruces ilegales, el tráfico de personas y las condiciones inhumanas en los centros de detención, exige una respuesta contundente. Las deportaciones masivas han generado un intenso debate en el ámbito político, social y humanitario. Por un lado, los defensores de estas medidas argumentan que son necesarias para restablecer el orden y garantizar la seguridad en el país. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, activistas y líderes comunitarios han denunciado que estas políticas podrían exacerbar la separación de familias, generar un ambiente de hostilidad hacia las comunidades inmigrantes y perpetuar la criminalización de personas vulnerables. Críticos señalan que las deportaciones masivas no abordan las causas subyacentes de la migración como la pobreza.
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