"Las funciones del Inai no pueden quedar sujetas a ningún poder público o ente que tenga otra función constitucional", advierte el organismo.
El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), conformado por el comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez, y las comisionadas Norma Julieta del Río Venegas, Blanca Lilia Ibarra Cadena y Josefina Román Vergara, se dijo dispuesto a analizar detalladamente la iniciativa de reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que busca renovar a dicho instituto.
"El pleno manifiesta su apertura al diálogo y su interés de participar activamente en ejercicios de parlamento abierto, conversatorios, foros y otros espacios donde sea posible debatir y dejar clara la importancia de contar con un organismo constitucional autónomo, independiente de los poderes públicos, que garantice la vigencia, ejercicio y tutela efectiva de los derechos humanos referidos", detallaron a través de un comunicado.
Pese a ello, aclararon que, en su carácter de organismo constitucional autónomo, el INAI es un componente fundamental del Estado mexicano que, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución General de la República, tiene como funciones esenciales la promoción y garantía de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales.
"En esa tesitura, el INAI actúa y actuará con apego estricto a las facultades constitucionales y legales que le han sido otorgadas y cuyo cumplimiento es obligatorio e indelegable", puntualizaron.
El pleno del INAI señaló que también están dispuestos a coadyuvar para identificar los aspectos de la legislación secundaria que deben ser revisados y actualizados, con el objeto de mejorar el desempeño del organismo, así como el cumplimiento de las obligaciones que tanto los entes públicos, como privados tienen en relación con los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales.
"Las funciones del INAI no pueden quedar sujetas a ningún poder público o ente que tenga otra función constitucional".
Por lo tanto, consideraron que ni la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Poder Legislativo y está destinada a auditar a todos aquellos que ejercen gasto público, ni la Secretaría de la Función Pública que, por depender del Poder Ejecutivo, podrían asumir las funciones que actualmente tienen el organismo garante.
"Las convertiría en juez y parte cuando al Gobierno se le exigiese alguna información. La protección efectiva de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales requiere de una institución autónoma, especializada e imparcial, que ejerza sus competencias constitucionales con perspectiva garantista, como lo hace el INAI".
