Según Colectivo EPUMx, el gobierno aún así rechazó recomendaciones en seguridad de la ONU
El Colectivo EPUMx instó al Estado mexicano y a la próxima administración a considerar seriamente las recomendaciones de la ONU sobre temas cruciales para mejorar la situación de derechos humanos en el país.
Durante una comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, México recibió 318 recomendaciones de 115 países, que reflejan tanto los avances como los grandes pendientes en esta área, señaló el Colectivo EPUMx, una coalición de 200 organizaciones de la sociedad civil. A pesar de que se destacaron logros en materia social, la comparecencia también evidenció una persistente crisis de derechos humanos, instando a las autoridades mexicanas a tomar acciones concretas para abordarla.
Representantes del gobierno federal respondieron a las recomendaciones recibidas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo que evalúa la situación de los derechos humanos en el país y el nivel de cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano. Aunque el Estado aceptó desafíos en áreas como violencia contra mujeres y niñas, desapariciones forzadas, migración y desplazamiento forzado interno, igualdad de género, independencia judicial, tortura, combate a la impunidad, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y derechos de niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas LGBTIQ+, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, y periodistas y defensores de derechos humanos, dejó de lado algunas cuestiones apremiantes.
"Desafortunadamente, las recomendaciones sobre las cuales el Estado solo tomó nota, sin aceptarlas, abordan temas cruciales en justicia, seguridad, migración y desplazamiento forzado interno que están en la agenda pública actual. Entre ellas, destacan la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y arraigo, la aprobación de una ley sobre desplazamiento forzado interno, y la modificación de la Ley de Migración para eliminar disposiciones que permiten la detención administrativa de personas migrantes", señaló el colectivo en un comunicado.
El Estado tampoco aceptó la adopción de medidas para prevenir y eliminar el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad, ni cuestiones relacionadas con la militarización de la seguridad pública, como el retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de tareas civiles, el establecimiento de mecanismos civiles externos para la rendición de cuentas de los agentes militares, y la investigación de los casos de vigilancia de la población civil por las fuerzas de orden. "La postura del Estado mexicano al no aceptar estas recomendaciones contrasta con sus obligaciones internacionales en derechos humanos y con la perspectiva de la comunidad internacional expresada en las mismas, así como con el diagnóstico que realizamos desde la sociedad civil", precisó el colectivo.
El Colectivo EPUMx llamó al Estado mexicano, y en particular a la próxima administración, a considerar seriamente las recomendaciones no aceptadas, ya que abordan temas cruciales para mejorar la situación del país, y a asumir las recomendaciones aceptadas como una guía para la adopción de políticas y programas concretos.
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