El asunto surgió a raíz de una causa en la que estuvo implicado el entonces presidente Donald Trump.
La Corte Suprema de Estados Unidos sentenció por unanimidad que se puede en ocasiones demandar a funcionarios públicos que bloquean a sus detractores en redes sociales, un asunto que surgió a raíz de una causa en que estuvo implicado el entonces presidente Donald Trump.
La jueza Amy Coney Barrett escribió en nombre de la corte que los funcionarios que usan cuentas personales para hacer declaraciones oficiales no tienen libertad para borrar comentarios sobre esas declaraciones ni bloquear a sus detractores.
Por otro lado, escribió Barrett, los “funcionarios estatales tienen vidas privadas y derechos constitucionales propios”.
La Corte falló en dos causas respecto a demandas iniciadas por personas a las que bloquearon después que hicieron comentarios críticos en cuentas de redes sociales pertenecientes a miembros de consejos escolares en el sur de California y un funcionario municipal en Port Huron, Michigan, al noreste de Detroit.
Son similares a una causa en que está implicado Trump y su decisión a bloquear a sus detractores en su cuenta personal en Twitter, ahora X. Los jueces desestimaron la causa después que Trump finalizó su período como presidente en enero de 2021.
Las causas obligaron a la Corte a encarar los derechos de libertad de expresión rivales de los funcionarios públicos y sus votantes en un mundo virtual en rápida evolución. La corte tiene cinco causas de redes sociales pendientes en este período de sesiones.
Cortes de apelaciones en San Francisco y Cincinnati habían tomado decisiones contradictorias acerca de cuándo las cuentas personales se vuelven oficiales. El tribunal supremo no optó por una ni por otra sino que les devolvió las causas para que apliquen la norma difundida el viernes.
“Cuando un funcionario de gobierno publica en redes sociales un mensaje sobre asuntos relacionados con su trabajo, suele ser difícil determinar si la expresión es oficial o privada”, indicó Barrett.
Los funcionarios deben tener autoridad para hablar en nombre de sus gobiernos y tener la intención de usarla para que se considere que sus mensajes son esencialmente los del gobierno, escribió Barrett. En esos casos, deben permitir las críticas o correr el riesgo de que los demanden, apuntó.
Las causas pendientes relativas a las redes sociales tienen un matiz más partidista. Los jueces evalúan leyes aprobadas en Florida y Texas que prohíben a las grandes empresas de redes sociales eliminar mensajes debido a los puntos de vista que expresan.
Las compañías tecnológicas aseveran que las leyes violan sus derechos constitucionales de libertad de expresión. Las leyes reflejan la posición de muchos republicanos de que las plataformas censuran desproporcionadamente los puntos de vista conservadores.
