Según los expertos, el arresto, detención y condena del rapero están relacionados únicamente con el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión artística y a la creatividad.
Expertos de Naciones Unidas pidieron este jueves a Irán que anule la pena de muerte impuesta al rapero Tomaj Salehi, acusado de "propaganda contra el Estado" por criticar el trato de las autoridades tras su detención en las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini.
Los expertos, entre ellos el relator de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán, Javaid Rehman, denuncian en un comunicado que las críticas a la política del Gobierno, incluidas las efectuadas a través de la expresión artística, "están protegidas por el derecho a la libertad de expresión y a participar en la vida cultural".
El artista fue condenado inicialmente a seis años de prisión por su papel en las protestas por la muerte de Amini de 2022, pero quedó en libertad después de que el Tribunal Supremo de Irán dictaminara que había detectado fallos en la sentencia original.
Sin embargo, sólo 11 días después de ser puesto en libertad, fue detenido de nuevo por agentes vestidos de paisano tras haber publicado en redes sociales un vídeo en el que revelaba que fue sometido a torturas y recluido en régimen de aislamiento durante su detención en 2022.
Según los expertos, el arresto, detención y condena a Salehi parecen estar relacionados únicamente con el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión artística y a la creatividad.
"Estamos muy preocupados por las denuncias de criminalización del ejercicio legítimo de la expresión artística mediante la imposición de una serie de cargos dudosos", señalaron los expertos.
También denunciaron que reciben de forma cada vez más frecuente denuncias de detenciones de artistas, activistas o periodistas bajo cargos como “publicación de noticias falsas” o “propaganda contra el Estado”.
Además, recordaron que, según el derecho internacional, la pena de muerte sólo puede imponerse por delitos que alcancen el umbral de "crímenes más graves" y tras un proceso legal que garantice un juicio justo.
Ante esta situación, pidieron a las autoridades iraníes que establezcan una moratoria de las ejecuciones dictadas con vistas a abolir la pena de muerte.
Firman también el comunicado la relatora de la ONU sobre los derechos culturales, Alexandra Xanthaki; el relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz; la relatora sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Irene Khan, y los cinco miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias.
