El edil de Frontera, Roberto Piña, no será sancionado por violencia política de género, pero su secretario técnico, Néstor Guerrero, sería penalizado por violencia institucional.
Saltillo, Coahuila, MÁS. – La libra el candidato a la reelección y actual alcalde de Frontera, Roberto Clemente Piña Amaya, y no será sancionado por la presunta comisión de delito de violencia política de género por el que fue denunciado.
Sin embargo, y de acuerdo con la resolución del Tribunal Electoral de Coahuila, cuyo expediente es el TECZ-PES-03/2024, el secretario técnico del ayuntamiento, Néstor Guerrero, sí resultó culpable por la comisión de violencia política institucional en contra de una regidora.
La sentencia fue el resultado del juicio por los derechos políticos electorales y el Procedimiento Especial Sancionador, ventilada en el Tribunal y derivada de la denuncia que interpusiera la octava regidora suplente, María Victoria García Reyes, en marzo pasado ante el Instituto Electoral de Coahuila y la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales.
En la denuncia se acusó a cuatro personas funcionarias públicas de dicho ayuntamiento, el actual alcalde Roberto Piña Amaya, el secretario del ayuntamiento Higinio Ortiz, la síndica Yadhira Quirino Cárdenas y el secretario técnico Néstor Guerrero, por la presunta comisión de violencia política en razón de género, discriminación, omisión, negligencia y acciones constitutivas de estereotipo de género.
Al final de cuentas, los tres magistrados del Tribunal Electoral tomaron la decisión: específicamente no se acreditó la existencia de maltratos y violencia verbal atribuidos al secretario del ayuntamiento.
No se acreditó que la negativa por parte del alcalde para que la quejosa hiciera uso de la voz en una sesión de cabildo implicara la vulneración de su derecho político-electoral, ni se acreditó que la asignación de una oficina en malas condiciones obstaculizara el desempeño de su cargo público.
Pero sí se presentaron pruebas suficientes contra Néstor Guerrero, la infracción consistió en violencia política en modalidad de violencia institucional por la omisión de invitar a la regidora María Victoria al evento del 131 Aniversario de Frontera, puesto que vulneró su derecho político-electoral a ejercer su cargo público en condiciones de igualdad.
Tras la decisión se ordenó dar vista al ayuntamiento de Frontera, al Congreso del Estado y a la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales para proceder en consecuencia y contra el secretario técnico.
