Familias demandan justicia ante las liberaciones y amparos otorgados a acusados, revelando la imparcialidad del sistema judicial local y federal
Saltillo, Coahuila, MÁS. – El sistema de justicia federal y del estado de Coahuila han sido expuestos, en los últimos meses, por las familias de las víctimas, quienes han tomado edificios y vialidades con la exigencia de una correcta impartición de la justicia.
En febrero y marzo se presentaron tres manifestaciones, tres casos distintos con una situación en común: el fallo de los jueces a favor de los victimarios.
La falta de justicia en los casos en la capital y el favorecimiento de los jueces hacia los imputados han desencadenado una serie de protestas que se ha traducido en la molesta a la ciudadanía saltillense.
Tal es el caso de la familia de Valentina, una niña de 11 años que terminó con su vida en junio de 2022, luego de que el subdirector de la escuela primaria de donde estudiaba, Gerardo Sánchez, abusó sexualmente de ella.
Tras el fallecimiento de Valentina, un segundo caso salió a la luz, su mejor amiga denunció al mismo profesor, quien tras un largo proceso fue sentenciado a 40 años de prisión en diciembre del 2023.
No obstante, en febrero la jueza Claudia Luz Hernández Sánchez, sin consideración alguna, concedió en tiempo récord por cuarta ocasión un amparo para que el sentenciado fuera acreedor a una medida de libertad, sin tomar en cuenta que se encuentra ya en prisión, enfrentando una sentencia.
Al respecto, un grupo liderado por Aracely, mama de Valentina, y su representante legal, Brenda Zavala, tomaron el edificio del poder judicial de la federación en saltillo a manera de protesta el pasado 16 de febrero.
Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Mery Ayup aseguró que Gerardo permanecerá en prisión aun cuando el estado entre en desacato.
“No lo vamos a permitir, va a seguir en prisión. Es una determinación de nosotros, del Poder Judicial del Estado de Coahuila; no es una confrontación con la autoridad federal, pero si es decirle ‘por favor sensibilícense frente al os casos contra menores’, que tengamos conciencia social del impacto que esto tiene y del daño”, mencionó Mery.
Posteriormente, el 6 de marzo, la familia de Sofía, la menor que fue arrollada a finales de febrero por un adolescente al volante, cerró la vialidad del bulevar Paseo de la Reforma, luego de que la juez María Graciela Nava Ramos determinó la no vinculación a proceso de Ricardo “N”, al considerar que los hechos no corresponden a los delitos que imputa el ministerio público.
Según señalaron, no fue posible la vinculación por el cargo de lesiones que ponen en riesgo la vida de la menor, pues el Ministerio Público no verificó mediante algún informe en el área de urgencias que tipo de heridas tenía Sofía para acreditar que si ponían en riesgo su vida.
Por su parte, y contrario a lo manifestado por el Poder Judicial, la Fiscalía señaló que la carpeta de investigación estaba integrada con todos los elementos requeridos. En esta se detalló que Sofía padeció un choque hemorrágico, aunado a otras lesiones de las que también se presentaron pruebas recopiladas por los agentes de la investigación.
Luego de robustecer la carpeta de investigación, se llevó a cabo una nueva audiencia en donde el juez Jesús Alfredo H. Ibarra, quien vinculó} a proceso a Ricardo “N” y estableció como medida cautelar el resguardo domiciliario con autorización de ir a la escuela y un plazo de cierre de investigación de 2 meses.
Un tercer caso surgió la tarde del pasado 19 de marzo, cuando a familia de Víctor, quien fue asesinado en noviembre de 2023 en la colonia Saltillo 2000, cerró las vialidades del edificio del Poder Judicial Federal, luego de que la juez María Magdalena Hipólito le otorgó a Jonathan “N”, imputado por homicidio calificado, permanecer en libertad condicional mientras se desarrolla el proceso legal en su contra.“Otorgó el amparo el 19 de diciembre y el 7 de marzo me notifican, cuando cómodamente el asesino se va a si casa a pasar la feliz Navidad, cuando para nosotros fue un infierno, que haya probado de la vida a mi hijo”, señaló Mireya Zúñiga, madre de la víctima.
Las manifestaciones han dejado al descubierto una serie de atropellos por parte de los impartidores de justicia quienes en su autonomía han privilegiado a los transgresores, exponiendo así, la falta de justicia en el estado.
