El hombre de 37 años habría anunciado en Whatsapp la venta de estas armas.
Un hombre de la ciudad de Bozeman fue sentenciado a tres años de prisión, seguido de tres años de libertad supervisada por haber exportado armas de fuego y venderlas a personas en México.
El fiscal federal, Jesse Laslovich, dio a conocer la sentencia del sujeto, identificado como Cristyan José González-Carrillo, quien habría comprado el armamento en el estado de Montana.
“El tráfico de armas de fuego alimenta la violencia en ambos lados de la frontera, y seguimos comprometidos aquí en Montana a investigar y procesar a quienes violan las leyes federales sobre armas de fuego”, dijo el fiscal federal Laslovich.
En tanto, el agente especial a cargo de la ATF, Brent Beavers, enfatizó que el tráfico ilegal de armas alimenta la capacidad de los cárteles para realizar crímenes violentos a nivel nacional e internacional, "continuaremos atacando agresivamente a los traficantes junto con nuestros socios mientras aprovechamos todos nuestros recursos disponibles", declaró.
El gobierno argumentó en documentos judiciales que en julio de 2020, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) recibió información respecto a González-Carrillo, quien estaba involucrado en tráfico ilegal de armas de fuego desde Montana a México.
La investigación determinó que desde febrero de 2020 hasta mayo del mismo año, recuperaron armas y municiones, incluidas pistolas semiautomáticas y rifles estilo AR, además de un arma de fuego con empuñadura ilegal.
También, fueron recuperados recibos de tiendas en Montana por la compra de este armamento desde febrero de 2020 hasta junio de ese mismo año.
Investigadores realizaron la revisión de los registros de las placas del acusado y con ello se comprobó múltiples cruces fronterizos en San Ysidro, California, desde abril de 2020 hasta junio de 2020.
Asimismo, el hombre de 37 años habría anunciado en Whatsapp la venta de estas armas.
Este caso forma parte del Proyecto Vecindarios Seguros (PSN), programa que reúne a todos los niveles de aplicación de la ley y a las comunidades a las que sirven para reducir los delitos violentos y la violencia armada.
