"Ecuador expresó a la embajada de México, a través de comunicaciones y reuniones que no procede la concesión de asilo diplomático", afirmó la canciller Gabriela Sommerfeld
La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, declaró que "Ecuador agotó el diálogo diplomático con México y que la decisión de irrumpir en la embajada mexicana en ese país, fue tomada ante un riesgo real" de evasión del ex vicepresidente Jorge Glas.
En conferencia de prensa que "Ecuador defiende su soberanía y el cumplimiento de las leyes y la justicia", luego de la crisis con México por la irrupción policiaca en la embajada de México.
Añadió que el presidente Daniel Noboa ha combatido la delincuencia y cuando enfrenta un conflicto armado, "el abuso de las inmunidades y privilegios que otorga la Convención de Viena sólo pueden agravar la situación".
Indicó que "Ecuador agotó el diálogo diplomático con México" e insistió que Jorge Glas "no es un perseguido político" y se "contravino el principio de no intervención".
Añadió que "Ecuador expresó a la embajada de México, a través de comunicaciones y reuniones que no procede la concesión de asilo diplomático".
Sommerfeld dijo que "no es lícito conceder asilo" en el caso de Glas. Y recordó que se pidió la autorización a México para conceder la orden de arresto de Glas.
"Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó unas declaraciones muy desafortunadas", declaró la canciller ecuatoriana. "Fue por esta razón que el gobierno de Ecuador (...) declarar persona non grata a la embajadora de México en Quito".
Irrupción en embajada fue por riesgo de fuga de Jorge Glas
La canciller dijo que "para Ecuador la concesión de dar asilo" a Glas es "ilícito", y afirmó que "Ecuador es un país respetuoso del derecho internacional".
Abundó que "la decisión del presidente de la República fue tomada ante un riesgo real" de evasión de Jorge Glas. "Para Ecuador ningún delincuente puede ser considerado para el asilo" político.
Aseveró que "México debió cumplir con las obligaciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción del 2002 y la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996. Haciendo efectivo el deber de cooperar para prevenir y combatir los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas".
