Corte Suprema de EU anula prohibición de un accesorio que convierte las armas en ametralladoras
Los jueces del ala liberal del tribunal sugirieron que era de “sentido común” que cualquier cosa capaz de desatar un “torrente de balas” fuera una ametralladora, según la ley federal.
La Corte Suprema de Estados Unidos anuló una prohibición de la era Trump sobre un accesorio que permite que las armas semiautomáticas disparen rápidamente como ametralladoras y que se utilizó en el tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de EU.
El tribunal superior dictaminó por seis votos a tres que la administración Trump no siguió la ley federal cuando revirtió el rumbo, después de que un hombre armado en Las Vegas atacara un festival de música country con rifles de asalto en 2017. Disparó más de mil balas entre la multitud en 11 minutos, dejando 60 muertos y centenares de heridos.
El propietario de una armería de Texas impugnó la prohibición, argumentando que el Departamento de Justicia clasificó erróneamente los accesorios como ametralladoras ilegales.
La administración Biden dijo que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) tomó la decisión correcta en cuanto a los accesorios que pueden permitir que las armas disparen a una velocidad de cientos de disparos por minuto.
Fue el último caso de armas que se presentó ante el tribunal superior, donde una supermayoría conservadora dictó una decisión histórica que amplía los derechos de armas en 2022 y también está sopesando otro caso de armas que impugna una ley federal destinada a mantenerlas alejadas de las personas bajo órdenes de restricción por violencia doméstica.
Sin embargo, los argumentos en el caso de las acciones de refuerzo giraban más en torno a si la ATF se había excedido en su autoridad a la Segunda Enmienda.
Los jueces del ala liberal del tribunal sugirieron que era de “sentido común” que cualquier cosa capaz de desatar un “torrente de balas” fuera una ametralladora, según la ley federal. Sin embargo, los jueces conservadores plantearon preguntas sobre por qué el Congreso no había actuado para prohibir las existencias de refuerzo, así como los efectos del cambio de opinión de la ATF una década después de declarar legales los accesorios.
División en los tribunales inferiores
El tribunal superior se hizo cargo del caso después de una división entre los tribunales inferiores sobre las existencias de este refuerzo, que se inventó a principios de la década de 2000. Bajo el presidente republicano George W. Bush y el demócrata Barack Obama, la ATF decidió que las culatas no transformaban las armas semiautomáticas en ametralladoras. La agencia revocó esas decisiones a instancias de Trump después del tiroteo en Las Vegas y otro tiroteo masivo en una escuela secundaria de Parkland, Florida, que dejó 17 muertos.
Hay accesorios que reemplazan la culata de un rifle, la parte que descansa contra el hombro. Aprovechan la energía de retroceso del arma para que el gatillo choque contra el dedo estacionario del tirador, lo que permite que el arma dispare a una velocidad comparable a la de una ametralladora tradicional. Quince estados y el Distrito de Columbia tienen sus propias prohibiciones sobre las existencias de refuerzo.
El demandante, el propietario de una armería de Texas y veterano militar Michael Cargill, estuvo representado por la New Civil Liberties Alliance, un grupo financiado por donantes conservadores como la red Koch. Sus abogados reconocieron que los amortiguadores permiten un disparo rápido, pero argumentaron que son diferentes porque el tirador tiene que esforzarse más para mantener el arma disparando.
Los abogados del gobierno respondieron que el esfuerzo requerido por parte del tirador es pequeño y no representa una diferencia legal. El Departamento de Justicia dijo que la ATF cambió de opinión sobre las acciones de emergencia después de realizar un examen más profundo impulsado por el tiroteo de Las Vegas y llegó a la conclusión correcta.
Había alrededor de 520 mil existencias en circulación cuando la prohibición entró en vigor en 2019, lo que requería que las personas las entregaran o las destruyeran, con una pérdida combinada estimada de 100 millones de dólares, dijeron los demandantes en documentos judiciales.
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