Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, dijo que las cantidades millonarias de impuestos que deben pagar los grandes consorcios deben ser recaudadas oportunamente para su correcta aplicación
En medio de las diferencias del gobierno con el empresario Ricardo Salinas Pliego por el pago de impuestos, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que la consolidación fiscal “es el principal tema de las auditorías tiene que ver con los adeudos” de Grupo Salinas.
En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este miércoles 20 de marzo en Palacio Nacional, el subsecretario de Derechos Humanos y exprocurador fiscal refirió que el pago de impuestos “es fundamental para el bienestar de todas y de todos”.
“Este gobierno, el de la Cuarta Transformación, está comprometido con el pueblo de México, por eso el pago proporcional y equitativo de contribuciones como establece la Constitución, es fundamental para el bienestar de todas y de todos, porque de allí se pagan los programas de Bienestar, las inversiones de los proyectos, la educación, la salud, de la que disfrutan todas y todos los habitantes y en particular las niñas y niños de nuestro país.
“Las cantidades millonarias de impuestos que deben pagar los grandes consorcios deben ser recaudadas oportunamente para su correcta aplicación en beneficio del pueblo”, mencionó.
Señaló que la consolidación fiscal “fue una figura de diferimiento de impuestos, no de condonación o cancelación de estos”.
Ante López Obrador, Medina Padilla indicó que la consolidación fiscal otorgaba a los contribuyentes beneficios como la posibilidad de sumar las ganancias y las pérdidas de un solo grupo y con ella tener un mismo resultado, y permitía además diferir o aplazar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Este esquema, dijo, terminó en 2013 y las empresas tenían la obligación de pagar los impuestos que hubieran postergado “y de los que se beneficiaron en el pasado”.
“Como ya se mencionó, derivado de las auditorías de 2008 a 2013 se concluyó que dos empresas de este grupo empresarial adeudaban cerca de 33 mil millones de pesos, los cuales actualmente se disputan en siete juicios. Estas empresas, usando su estructura legal y corporativa han impugnado y retrasado la emisión de una sentencia definitiva que las obligara al pago de sus impuestos”, declaró el subsecretario de Segob.
Acusó que desde diciembre de 2022, el ministro Luis María Aguilar Morales hizo suya la petición de la empresa de atraer el asunto, y en esta etapa, “el expediente estuvo guardado o esperando ocho meses solo para resolver si la Corte tenía o no interés en conocer el fondo del asunto”.
