Las clínicas del magisterio solían cobrar a los trabajadores de la educación por la atención que recibían, debido a la falta de material, suministros y médicos.
La Cuenta Pública 2023 señala que los derechos habientes y beneficiarios del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación en Coahuila tienen una deuda de 44 millones de pesos debido a los cobros de servicios médicos.
Sin embargo, maestros jubilados, pensionados y en activo que forman parte de la Coalición Magisterial han afirmado que estos cobros eran ilegales, ya que habían realizado las contribuciones correspondientes.
La Suprema Corte de la Nación prohibió estos cobros y, a partir del 2 de junio de 2020, dejaron de realizarse. No obstante, los maestros que recibieron atención médica antes de la resolución de la Corte tuvieron que pagar.
En el informe de la Cuenta Pública 2023, se indica que los 44 millones de pesos corresponden a créditos adquiridos por los derechohabientes y beneficiarios afiliados al servicio médico. Estos créditos están relacionados con el costo de la atención médica, que incluye hospitalización, medicamentos y atención subrogada.
"Al cierre del ejercicio fiscal de 2023, solo se están recuperando los saldos que forman parte de esta cuenta, clasificándose a corto y largo plazo", se menciona en la Cuenta Pública 2023, la cual fue publicada por el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores del Estado.
En un contexto más amplio, desde hace diez años, maestros jubilados y pensionados han emprendido acciones legales a través de amparos judiciales, debido al deterioro de los servicios de las clínicas del magisterio. La petición principal es destinar recursos para la operación y adquisición de equipo médico que permita brindar una atención adecuada.
La Coalición Magisterial ha señalado que el proceso para acceder a servicios subrogados es complicado e ineficiente cuando se trata de situaciones de emergencia.
Patricia Nieto, miembro de la Coalición Magisterial, ha atribuido el deterioro de las clínicas del magisterio a posibles actos de corrupción, y ha solicitado auditorías para determinar lo sucedido.
Aunque se han establecido mesas de trabajo con los exgobernadores Rubén Moreira y Miguel Ángel Riquelme, no se ha informado sobre las causas del deterioro de las clínicas. Únicamente han mencionado que se debe al aumento en la expectativa de vida de los docentes, lo cual ha tenido un impacto financiero.
