La Comisión aseguró que a los trabajadores no se les brindó la seguridad adecuada, además no se realizó una adecuada evaluación del riesgo que enfrentarían
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a Petróleos Mexicanos (Pemex) por incumplir en la prevención de riesgos y brindar seguridad a 4 personas trabajadoras lo que provocó que perdieran la vida durante un enfrentamiento con sujetos armados en la comunidad Cazadero, municipio de San Juan del Río, Querétaro en 2020.
"En este caso se determinó la existencia de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad, al trato digno y seguridad en el trabajo por omisiones en las condiciones de seguridad y prevención de riesgos en el trabajo, cuya responsabilidad recae en personas servidoras públicas de esa empresa productiva del Estado mexicano que tenían la obligación, en el marco de sus competencias, de eliminar cualquier peligro al derecho a la vida y a la integridad física de las personas fallecidas", expresó la Comisión.
En un comunicado, el organismo detalló que según el expediente de queja iniciado, la noche del 13 de agosto de 2020 se suscitó un enfrentamiento entre las 4 personas víctimas, quienes laboraban en la Subdirección Salvaguardia Estratégica de Pemex, y sujetos armados, en inmediaciones de ductos de combustible, lo que dio como resultado que los trabajadores perdieran la vida por disparos de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Indicó que Pemex debió contar con mecanismos adecuados y establecer procedimientos apropiados para evitar riesgos, ya que de acuerdo con información oficial, Querétaro estaba considerado en ese entonces como zona de incidencia de tomas clandestinas para el robo de combustible.
Sin embargo, las 4 víctimas fueron enviadas a laborar sin el resguardo que brindaba la Guardia Nacional u otra corporación de seguridad, ante la falta de coordinación institucional para que les brindaran protección y tampoco se realizó una evaluación objetiva del riesgo que enfrentaban en la zona donde desempeñaban sus funciones, incumpliendo con lo señalado en el artículo 133 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos y vulnerando con ello su derecho humano a tener condiciones de seguridad en el trabajo.
La CNDH informó que se acreditó que las víctimas carecían de equipo tecnológico suficiente para incidentes como el que sufrieron, porque las videocámaras de las camionetas que tripulaban no contaban con almacenamiento que evitara la pérdida de la evidencia del material registrado, en caso de incendio o destrucción del vehículo.
La CNDH solicitó al director general de Pemex inscribir a las 4 víctimas fallecidas y a 11 personas víctimas indirectas en el Registro Nacional correspondiente, operado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para que una vez agotados los procedimientos legales les sea reparado el daño a éstas últimas y se les otorgue la medida de compensación a la que tengan derecho, así como atención psicológica y tanatológica.
También se le solicitó su más amplio apoyo en el seguimiento de la denuncia que se presente ante la Unidad de Responsabilidades de la paraestatal en contra de las y los servidores públicos identificados en la Recomendación como responsables de las violaciones a los derechos humanos; colaborar en la investigación que por el homicidio de las víctimas se inició ante la Fiscalía General de la República (FGR) y emitir una circular a la Subdirección de Salvaguardia Estratégica para cumplir con la normatividad existente en materia de seguridad y capacitar a su personal en lo relacionado con la prevención de riesgos en el trabajo, entre otros temas.
