Con la 8 de 8, las tres instituciones sumarán esfuerzos y se coordinarán para velar por los derechos de las mujeres y prevenir la violencia política de género.
Saltillo, Coahuila, MÁS. - Además de firmar el convenio base de colaboración de la Ley 8 de 8 Contra la Violencia Política de Género, el Instituto Electoral de Coahuila puso en marcha el Observatorio de Participación Política de las Mujeres este viernes.
En cuanto al Observatorio de mujeres, está integrado por 6 mujeres expertas en tres categorías: consultoría independiente con conocimientos en igualdad de género, derechos humanos y procesos electorales; organizaciones de la sociedad civil y expertas en medios de comunicación.
La tarde del viernes tomaron protesta como miembros no permanentes del Observatorio mencionado María Rosario Varela Zúñiga y Karla Victoria González Briones, por la primera categoría; Luz Elena Martínez García y Flor María Dolores Fong Meléndez, por la segunda especialidad; y Guadalupe Abigail Salazar Celaya y María Esther Hernández Ventura por la tercera temática.
El objetivo del colegiado va encaminado a que las mujeres de la entidad ejerzan libremente sus derechos político-electorales en un contexto libre de violencia.
Mientras que el convenio base de colaboración de la Ley 8 de 8 Contra la Violencia Política de Género, acordado por el IEC, el Tribunal Electoral y el Poder Judicial estatales, es derivado de una reforma legal del 2023 y tiene que ver con las restricciones a las personas candidatas que no podrán contender a un cargo de elección popular, ni ocupar un cargo, empleo o comisión en el servicio público.
Específicamente, 8 de 8 contra la Violencia de Género, de acuerdo con el Artículo 38 de la Constitución, establece que no podrán contender quienes hayan incurrido en delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, por violencia familiar equiparada o doméstica, por violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades, y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
