Amparan a Club Santos Laguna y ordenan el acceso a carpeta de investigación por evasión fiscal
La FGR tiene la posibilidad de impugnar la sentencia y llevar el caso a un Tribunal Colegiado para su revisión, confirmación, revocación o modificación.
Una jueza federal ha otorgado un amparo al Club Santos Laguna, exigiendo a la Fiscalía General de la República (FGR) permitir el acceso a la carpeta de investigación sobre presunta defraudación fiscal que involucra al presidente del equipo, Alejandro Irarragorri Gutiérrez, y otros directivos.
La magistrada ha determinado que la presentación de una querella por parte del director de Investigaciones de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones contra el club y algunos directivos ha dado derecho al club a ser reconocido como persona imputada y acceder a los registros de la carpeta de investigación. La sentencia destaca la relación entre una técnica de investigación y el derecho a la privacidad de la parte demandante.
Según el expediente, la agente del Ministerio Público Federal, Nallely Ramírez Sepúlveda, ha reconocido que el club está bajo investigación, pero se ha negado el acceso a la carpeta debido a la etapa inicial de la indagatoria, argumentando la necesidad de recabar información para esclarecer los hechos denunciados.
La jueza ha señalado que, aunque la técnica de investigación para obtener información financiera no es incorrecta, la solicitud de información bancaria autorizada constituye una violación a los derechos fundamentales, en particular al secreto bancario. La sentencia ordena anular un acuerdo anterior y permitir al representante legal del club acceder a la indagatoria, siempre y cuando demuestre ser licenciado en derecho.
Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi y propietario de los equipos Santos y Atlas, está siendo investigado por presunta defraudación fiscal debido a su falta de pago del ISR de los salarios de los jugadores y miembros del cuerpo técnico del Santos Laguna de enero a julio de 2017.
La querella señala que el equipo registró dichos pagos como primas indemnizatorias de riesgo de trabajo, exentas del impuesto, por un monto de 54 millones 22 mil 690 pesos.
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