La condena deberá ser cumplida en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 de Ramos Arizpe, Coahuila.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, ha obtenido una sentencia condenatoria de 55 años y seis meses de prisión en contra de Alejandro "M", por su participación en diversos delitos, entre ellos homicidio calificado en grado de tentativa, portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y posesión de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
El caso se remonta a abril de 2021, cuando personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) realizaba un operativo de presencia, seguridad y prevención del delito en la carretera federal número 2 en Guerrero, Coahuila. Durante este operativo, detectaron a dos camionetas ocupadas por civiles armados, quienes abrieron fuego contra los militares. En el enfrentamiento resultaron heridos dos elementos de la SEDENA, mientras que los agresores lograron escapar por brechas cercanas. Sin embargo, las autoridades lograron detener a Alejandro "M" y aseguraron un importante arsenal.
En el lugar de los hechos se decomisaron seis armas largas, 45 cargadores abastecidos para armas largas, dos cargadores desabastecidos, dos camionetas con blindaje artesanal, así como dos chalecos y un casco balísticos. La investigación realizada por el Ministerio Público Federal (MPF), en coordinación con la Policía Federal Ministerial (PFM) y servicios periciales de la Fiscalía, permitió recopilar pruebas contundentes que demostraron la responsabilidad de Alejandro "M" en los delitos mencionados.
Como resultado de este proceso judicial, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio dictó una sentencia condenatoria de 55 años y seis meses de prisión en contra de Alejandro "M", además de la reparación del daño, amonestación y suspensión de sus derechos políticos y civiles. La condena deberá ser cumplida en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 de Ramos Arizpe, Coahuila. Esta sentencia representa un paso importante en la lucha contra la delincuencia en la región, demostrando el compromiso de las autoridades en la aplicación de la justicia y la seguridad de la ciudadanía.
