Trump y sus hijos desfilan en el juicio en Nueva York que amenaza su imperio inmobiliario

Asociados desde hace tiempo al negocio familiar, Donald Jr y Eric Trump son también fervientes aliados políticos del expresidente estadounidense, una lealtad inquebrantable de la que hacen gala a diario en los medios de comunicación y en las redes sociales.

No se espera que se desvíen de la línea marcada por la defensa desde que comenzó el juicio hace un mes.

Los abogados sostienen que la valoración de los activos del grupo, como la Torre Trump y el edificio del 40 de Wall Street, fueron subjetivas pero sinceras, y que los bancos no perdieron ni un solo dólar por prestar dinero a la Organización Trump.

Por su parte, Donald Trump despotrica contra un juicio "injusto", llevado a cabo por una fiscal "corrupta", Letitia James, y un juez "canalla", Arthur Engoron, a sueldo de los demócratas para impedirle volver a la Casa Blanca.

Presente regularmente en las audiencias, el favorito en las encuestas para las primarias republicanas transforma cada una de sus idas y venidas por los pasillos del tribunal en una miniconferencia de prensa y posa como víctima de una maquinación judicial, como en los otros cuatro casos en los que se enfrenta a cargos penales, en particular por intentar anular las elecciones presidenciales de 2020.

En varias ocasiones, los jueces le han prohibido hablar del personal del tribunal, o incluso de testigos, para evitar presiones. En Nueva York, el juez Engoron le impuso dos multas de 5.000 y 10.000 dólares, que ya ha pagado íntegramente, por arremeter contra la secretaria judicial del tribunal.

Su presencia en las vistas es también señal de la importancia que Donald Trump le da al caso. Aunque no se enfrenta a una pena de prisión, el juicio podría acarrearle la pérdida del control de parte de sus propiedades inmobiliarias, además de una multa de 250 millones de dólares y la prohibición de gestionar empresas en Nueva York.

Incluso antes de que comenzara el juicio, el 2 de octubre, el juez Engoron dictaminó que la fiscalía había presentado "pruebas concluyentes de que, entre 2014 y 2021, los acusados sobrevaloraron los activos" en entre "812 millones (y) 2.200 millones de dólares", dependiendo del año.

Como consecuencia del "fraude reiterado", ordenó la liquidación de las empresas, una auténtica bomba judicial y patrimonial, pero su decisión fue suspendida en apelación.

El juicio sigue centrándose en otras infracciones a la ley financiera y en la cuantía de la multa.