El tráfico de personas es un delito que debe ser perseguido y sancionado por el gobierno federal
Saltillo, MÁS. – Tras la muerte de cuatro personas en el desierto de Ocampo, en Coahuila, el director de la Casa del Migrante Saltillo, Alberto Xicoténcatl, señaló que el Estado es partícipe de una cadena de falta de garantía de los derechos de las personas migrantes.
Aunque existe poca información, Xicoténcatl señaló que las bandas criminales dedicadas al tráfico ilegal de migrantes no garantizan que las personas lleguen a su destino y mucho menos su integridad y salud, por lo que esta actividad es un delito que pone en riesgo la vida de las personas.
Aunque en Coahuila no se tiene una cifra exacta, aseguró que son miles de personas que cruzan por el territorio de Coahuila a través de bandas delictivas, así mismo, mencionó que la cifra de trata ilegal de migrantes incrementó a partir de la pandemia por Covid.19 y el cierre de las fronteras y por consiguiente, también el número de migrantes que intentan cruzar.“No hay una posibilidad de saber cuántos son porque no pasan por albergues o casas o comedores, sino que van ocultos en tráileres o transportes particulares”, explicó.
Así mismo, señaló que entre las principales nacionalidades que intentan cruzar a través de bandas delictivas, figuran aquellas que tienen enlaces económicos con los Estados Unidos como Venezuela, Cuba o Ecuador, mientras que los hondureños y guatemaltecos tienen más dificultad para pagar un ‘pollero’.
Aunque el tráfico de personas es un delito que debe ser perseguido y sancionado por el gobierno federal, mencionó que el Coahuila podría trabajar en medidas preventivas, como la atención y visita a los centros de migrantes y así como la canalización a las autoridades correspondientes al ser víctimas de algún delito.
“Me parece que eso sería muy importante”, destacó.
Contrario a ello, el estado ha sido partícipe de la detención de personas para entregarlos al Instituto Nacional de Migración, principalmente en municipios del norte como Piedras Negras, Acuña y Monclova.“La autoridad del estado está llevando a cabo acciones de competencia federal y están deteniendo migrantes, entonces las personas que son víctimas de un delito como el tráfico de migrantes, no tienen confianza con el gobierno de Coahuila porque tienen miedo a que los entreguen al INAMI. Creamos así una cadena de fata de garantía a los derechos de las personas migrantes”, puntualizó.
