Ambos miembrios del cártel se dedican al tráfico de armas de fuego de alto calibre desde EU y al robo de combustible en México.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra dos altos cargos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dedicados al tráfico de armas de fuego de alto calibre desde Estados Unidos y al robo de combustible en México.
Se trata de Alonso Covarrubias, alias “El Ocho”, y Javier Guerrero Covarrubias. Además de ellos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a Mary Cruz Rodríguez Aguirre, y su casa de cambio Nacer Agencia Panamericana de Divisas y Centro Cambiario, S.A. de C.V, así como una red de empresas con sede en Estados Unidos, que prestan apoyo al CJNG mediante el blanqueo de capitales procedentes del tráfico ilícito de estupefacientes.
“El CJNG se apoya en una red de actividades delictivas que, en última instancia, refuerza su capacidad para traficar con fentanilo y otras drogas mortales hacia Estados Unidos. La acción de hoy desbarata las principales redes de apoyo dedicadas al tráfico de armas, el robo de combustible y el blanqueo de capitales relacionados con las drogas”, declaró el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, en el comunicado.
El comunicado recuerda que el CJNG “es una violenta organización de narcotraficantes con sede en México, responsable de una proporción significativa del fentanilo y otras drogas mortales que se trafican en Estados Unidos”.
El Tesoro afirmó estar trabajando “en estrecha coordinación con el gobierno de México y las fuerzas del orden estadounidenses” para seguir “persiguiendo a quienes apoyan y abastecen a las organizaciones delictivas y de narcotráfico, especialmente a las dedicadas a la producción y distribución de opioides sintéticos que se cobran la vida de decenas de miles de estadounidenses cada año”.
La acción de hoy se coordinó estrechamente con el gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y es el resultado de la colaboración permanente con Homeland Security Investigations (HSI), la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Mando Norte de Estados Unidos (NORTHCOM), subrayó el comunicado.
El Tesoro describió a Covarrubias y Guerrero Covarrubias como “violentos miembros de alto rango del CJNG que participan en diversas actividades delictivas en nombre del CJNG, incluido el tráfico de armas de Estados Unidos a México, el robo de combustible y actividades de narcotráfico”.
Las sanciones impuestas significan que “los bienes y participaciones en bienes de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deberán ser bloqueados y comunicados a la OFAC.
Además, todas las entidades que pertenezcan, directa o indirectamente, en un 50% o más a una o más personas bloqueadas también están bloqueadas.
La normativa de la OFAC prohíbe, en general, todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos (incluidas las transacciones en tránsito por Estados Unidos) que afecten a bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas”.
Además, las personas que realicen determinadas transacciones con los individuos y entidades designados pueden verse expuestas a sanciones o ser objeto de una acción coercitiva.
Blanqueo de dinero
Sobre el caso de Cruz Rodríguez, el Tesoro detalló que “trabaja como intermediaria para el comandante regional del CJNG Audías Flores Silva, organizando el movimiento de las ganancias del narcotráfico de Estados Unidos a México”.
Audías Flores es considerado un “importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos, y el Departamento de Estado anunció una oferta de recompensa a través del Programa de Recompensas por Narcóticos de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la detención y/o condena de Audias Flores Silva”.
A través de Nacer Agencia, Cruz Rodríguez opera un “sistema de lavado de dinero basado en el comercio para mover las ganancias ilícitas de narcóticos de Estados Unidos a México. De 2020 a 2022, Mary Cruz Rodríguez Aguirre facilitó la recaudación y el lavado de más de 6 millones de dólares”.
