Los legisladores de oposición han manifestado su intención de rechazar su solicitud de licencia al cargo
La Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) determinó la improcedencia del juicio promovido por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para que la autoridad se pronuncie sobre la solicitud de licencia para buscar la candidatura a la Presidencia de la República en 2024.
La mayoría de la Sala Superior señaló que el gobernador no ha pedido licencia al Congreso local, por lo que no se advierte una afectación a sus derechos político-electorales, y que éste es el órgano encargado de dar trámite a esta solicitud.
El mandatario estatal alegó que los legisladores de oposición han manifestado su intención de rechazar su solicitud de licencia al cargo o, en su caso, obligarlo a tomar una licencia definitiva.
Por cuatro votos en contra y dos a favor, se rechazó el proyecto de la magistrada Mónica Soto, que proponía avalar una acción declarativa para consignar que el gobernar puede solicitar licencia hasta por seis meses al Congreso local.
También declaró improcedente la solicitud de que sea el Tribunal Electoral y no el Congreso local el que designe al gobernador interino, ya que no existe un acto concreto porque no ha solicitado licencia.
Improcedente, solicitud de licencia de gobernador de NL
La magistrada Janine Otálora consideró que la demanda es improcedente, porque no hay elementos ni constancia de que el gobernador haya solicitado una licencia temporal al Congreso local, por lo que no se afectan sus derechos político-electorales.
“Si bien para justificar la procedencia de su acción, el gobernador del estado de Nuevo León presentó diversas notas periodísticas con la finalidad de demostrar que los partidos de oposición en el estado referido pedirán su renuncia si pretende contender por la presidencia de la República, por lo que votarían en contra de una licencia temporal, estos hechos son más que simples apreciaciones del actor”, sostuvo.
Por su parte, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón señaló que los pronunciamientos políticos no se traducen en hechos, además de que el mandatario no ha formalizado su solicitud de licencia.
