A tan solo unos años de que se cumplan tres décadas de su encarcelamiento, Juana Lazo sigue exigiendo justicia.
Juana Lazo no ha cometido ningún delito, pero su vida no es muy diferente a la de aquellos que sí lo han hecho. Desde hace 27 años vive como presa en el penal de Lurigancho, ubicado en Perú. “Estoy encarcelada sin ser delincuente”, dijo la mujer en diálogo con el diario local La República.
En lo alto del cerro Mamelón, a unos 250 metros de distancia de la entrada del centro penitenciario, yace su vivienda en un terreno de 650 metros cuadrados. A simple vista, y para quienes la divisan de lejos, parece ser una más de las construcciones que hacen parte del penal. Para su infortunio, no lo es.
Cuando en el año 1996 el Instituto Nacional Penitenciario de Perú (Inpe) decidió cercar el perímetro como una solución al incremento de pabellones, la casa de Juana terminó atrapada y su libertad, socavada.“El Inpe no incluyó a mi casa en ese perímetro, pero los policías del penal sacaron el cerco a la mala y también enrejaron mi casa”, relató la mujer, quien actualmente tiene 74 años, al diario peruano El Comercio.
Para Lazo, el hecho de que su casa se encuentre dentro del perímetro del penal no es una simple casualidad o un acto arbitrario. Detrás del cercamiento de la vivienda se encuentran ocultos intereses políticos y, según ella, un deseo de venganza insaciable por parte de las autoridades de su país.
De acuerdo con el relato de la mujer, hace algunos años (en 1983) fue testigo de la muerte de ocho presos y una monja en las inmediaciones de la cárcel. Aunque su testimonio fue clave para que el caso fuera esclarecido, también la hizo sujeto de represalias por parte de la Guardia Republicana, a la cual ella acusó de las muertes. “Yo di mi testimonio al fiscal Mario Miranda y les dije que la Guardia Republicana había disparado. En ese momento, ellos gritaron que el cerro y mi casa debían desaparecer y demoler, me amenazaron”, detalló Lazo al diario citado anteriormente.
Desde hace más de dos décadas, Juana debe pedir autorización policial para salir y entrar del centro penitenciario, pese a que no ha cometido ningún delito ni se encuentra reclusa de manera oficial. Las visitas es uno de los temas que más incomodidad le genera, en tanto sus invitados, a menudo, son objetados por los empleados del penal.
“No pueden venir a visitarme porque les ponen trabas en la puerta para entrar. Hasta los presos tienen visita, pero a mí no me pueden visitar”, reclama en entrevista con La República. Sus cumpleaños los pasa casi siempre sola, pues su situación no le permite celebrarlos por lo alto, con comida, muchos invitados y regalos.
Lazo llegó a la casa en los años 70, luego de que su padre fuese nombrado jefe de mantenimiento del penal. Desde entonces, no ha conocido otro hogar que no sea la deteriorada vivienda que fue construida, según ella, por los Wiesse -un grupo económico poderoso de su nación- para vigilar sus tierras. Si bien actualmente vive sola, esto no siempre fue así. Entre cercas, estrictos esquemas de seguridad y cientos de presos, Juana crio a sus hijos, quienes se mudaron apenas tuvieron la oportunidad. Contra todo pronóstico, formó una familia, se mantuvo viva por varias décadas y dejó al descubierto su caso en varios medios de comunicación.
A tan solo unos años de que se cumplan tres décadas de su encarcelamiento, Juana Lazo sigue exigiendo justicia. Su objetivo es recibir una indemnización por parte del Estado que le permita dejar atrás las sombras del pasado, comprar una nueva casa y rehacer su vida, alejada de las restricciones, el miedo y las penurias.
“Quiero que me indemnicen por todo lo que me han hecho. No pido reubicación porque estoy segura de que me mandarían a los quintos infiernos”, revela la adulta mayor. La matanza de la que dice que fue testigo ocurrió en 1983, pero aún así Lazo sigue teniendo miedo por su vida. Su mayor temor es que la venganza trascienda y su vida, falta de libertad, termine siendo arrebatada.
Con 74 años, subir el cerro y caminar los 250 metros que hay desde la entrada del penal hasta su vivienda se le hace cada vez más difícil. En cada oportunidad, la respiración se le corta y las piernas flaquean. En unos cuantos años más, dice, no podrá subir hasta su casa por cuenta de sus complicaciones de salud.
La tranquilidad no solo se la roba el hecho de que está privada de la libertad, sino también la inseguridad. En todos los años que lleva como residente del centro penitenciario la han robado, al menos, siete veces.
“No es dable que a mi edad tenga que pasar por denuncias y calumnias. Por eso le pido a las autoridades que reflexionen y ya no me hagan pasar por esto”, dice Juana a La República. Hasta que no obtenga una indemnización, la mujer se aferra con ahínco a la que por más de 50 años ha sido su hogar. De acuerdo con El Comercio, en el año 2013 el Ministerio de Justicia interpuso una demanda en su contra para que desalojara la casa bajo el argumento de que la había habitado precariamente. Sorpresivamente, logró anteponerse a ella.
Como si fuera poco, ha ganado dos juicios contra el Inpe y, actualmente, cuenta con la asesoría de un abogado para lograr su más anhelado sueño: obtener una compensación, comprar una casa nueva y salir del penal como lo que verdaderamente es, una mujer libre.
