Dos senadores estadounidenses están instando al Fiscal General Merrick Garland y al Fiscal General Adjunto Jonathan Kanter a analizar la alianza planificada del PGA Tour con el DP World Tour y el Fondo de Inversión Pública (PIF, por sus siglas en inglés) de Arabia Saudita y oponerse al acuerdo si reduce la competencia en violación de las leyes antimonopolio federales.
En una carta enviada a Garland y Kanter el martes, una copia de la cual fue obtenida por ESPN, los senadores Elizabeth Warren, D-Mass., y Ron Wyden, D-Ore., escribieron que aunque los detalles de la alianza propuesta no están claros, "los toques de atención con respecto a las preocupaciones antimonopolio son claras".
Los senadores escribieron que la alianza propuesta "permite los esfuerzos del gobierno saudí para 'lavar con el deporte' su atroz historial de derechos humanos" y "plantea una serie de posibles problemas legales y regulatorios, incluidos los relacionados con el estatus fiscal sin fines de lucro del PGA Tour y la ley antimonopolio."
Según Warren y Wyden, anteriormente expresaron su preocupación por el historial de violaciones "atroces" de los derechos humanos de la monarquía saudí, incluidas las acusaciones de que "rutinariamente hostiga y procesa duramente a las personas por su expresión o asociación pacífica; ejecuta a las personas (incluidos los niños) por robo y delitos relacionados con las drogas tras juicios amañados, cada vez más mediante ejecuciones masivas; y dirigió el asesinato extrajudicial del residente estadounidense Jamal Khashoggi", un periodista del Washington Post.
Los senadores señalaron que el PGA Tour, en una contrademanda federal presentada contra la LIV Golf League, que está siendo financiada por el fondo soberano de riqueza de Arabia Saudita, argumentó ante un juez federal que "LIV no es un actor económico racional, que compite de manera justa para iniciar un tour de golf. Está preparado para perder miles de millones de dólares para valerse de [los golfistas estadounidenses] y del deporte del golf para 'lavar' la deplorable reputación del gobierno saudí por los abusos contra los derechos humanos".
“El acuerdo PGA-LIV convertiría a una organización estadounidense en cómplice, y obligaría a los golfistas estadounidenses y a sus fanáticos a unirse a esta complicidad, en el más reciente intento del régimen saudita de sanear sus abusos invirtiendo fondos en las principales ligas deportivas”, escribieron los senadores.
En la carta, los senadores argumentaron que la nueva entidad propuesta, que combinaría las actividades comerciales del PGA Tour y el PIF, viola secciones de la Ley Clayton y la Ley Sherman Antimonopolio, que prohíben la restricción del comercio y las fusiones corporativas ilegales. y adquisiciones que dan lugar a monopolios.
"El acuerdo PGA-LIV, como se describe en el anuncio del 6 de junio, sería una clara violación si se trata de una empresa conjunta", escribieron Warren y Wyden. "Le daría al PGA Tour y al PIF el control sobre todos los aspectos significativos de las operaciones comerciales de golf en los EE. UU., incluidos los contratos con los golfistas estadounidenses y sus oportunidades para competir, los derechos de televisión, el costo de asistencia a los eventos de golf de élite y la mercancía".
El Departamento de Justicia había abierto previamente una investigación sobre las supuestas prácticas comerciales monopólicas del PGA Tour, algunas de las cuales se describieron en una demanda federal antimonopolio presentada en agosto por 11 golfistas que fueron suspendidos por el tour por competir en torneos de LIV Golf sin exenciones por eventos conflictivos.
