Senado pospone instalación de Grupo Plural que daría seguimiento a incendio en Ciudad Juárez

Organizaciones de la sociedad civil exigen continuar las investigaciones, con énfasis en reparación a las víctimas y vigilancia sobre el INM

A casi tres meses del incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Senado de la República pospuso, por falta de quórum, la instalación de un Grupo Plural de Trabajo que dará seguimiento a las investigaciones del caso.

En este marco, organizaciones de la sociedad civil (OSC) exigieron que dicho grupo de legisladores dé un seguimiento efectivo, transparente y humano, centrado en la reparación a las víctimas y la vigilancia sobre el actuar del INM, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Fiscalía General de la República (FGR).

En un comunicado, señalaron que para lograrlo, este grupo debe ampliar el alcance de su trabajo por lo menos hasta el fin de la presente legislatura y trabajar con la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios y la Comisión de Derechos Humanos, para avanzar hacia la modificación estructural de marcos normativos que puedan garantizar medidas de no repetición.

“Ante este contexto, desde las organizaciones de sociedad civil pedimos a la Junta de Coordinación Política del Senado garantizar que este Grupo se instale esta misma semana, con participación de sociedad civil y que, como resultado de su funcionamiento, pueda concretarse un plan de trabajo consistente de apoyo y respaldo a las víctimas de este incendio que debe ser considerado un crimen de Estado”, manifestaron las OSC.

El pasado 25 de abril se anunció la instalación del Grupo Plural de Trabajo del Senado, integrado por Rafael Espino de la Peña, Kenia López Rabadán, Beatriz Paredes Rangel, Verónica Delgadillo García, Martha Cecilia Márquez Alvarado, Gabriela Benavides Cobos, Antonio García Conejo y Emilio Álvarez Icaza Longoria.

Las organizaciones de la sociedad civil que siguen el caso del incendio en la estancia provisional del INM señalaron embargo, que este miércoles, minutos antes de que iniciara la sesión de instalación, fue pospuesta por el senador Rafael Espino de la Peña debido a la falta de quórum, “demostrando la falta de seriedad y compromiso de quienes forman parte de este Grupo”.

En las últimas semanas, las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a las víctimas sobrevivientes y sus familias han dado cuenta de las necesidades en cuidados de salud, pues varios casos presentan secuelas graves que afectan su salud a mediano plazo y de forma permanente.

Advirtieron que mientras reciben atención médica en centros especializados del país, las víctimas también requieren de acompañamiento psicosocial, garantías de seguridad y protección, para poder reconstruir sus proyectos de vida.

Además, también han necesitado del acompañamiento de sus familias, quienes han tenido que dejar sus trabajos en sus países de origen para proveer cuidados y dar seguimiento a los procesos de búsqueda de justicia y reparación del daño en México.

“Las familias que tenían en las personas migrantes la expectativa de mejorar la economía de sus hogares, han tenido que pedir préstamos para hacer frente a los gastos de estar en otro país, además de las necesidades del hogar, generando un contexto de incertidumbre que aumenta la vulnerabilidad de las víctimas”, puntualizan.

Denunciaron que a esta incertidumbre se suman las prácticas revictimizantes y de hostigamiento por parte del INM, sobrepasando, incluso, las facultades de la CEAV y haciendo que las víctimas sigan teniendo contacto directo con la instancia responsable de su actual situación.

“Este desdibujamiento de facultades ha hecho que las víctimas y sus familias no tengan claridad sobre el seguimiento a la atención especializada que requieren, una vez retornadas a sus lugares de origen o instaladas en países de acogida, ya que sus planes de retorno están a cargo del INM y no forman parte del proceso de reparación del daño que debería estar en manos de la CEAV”, indicaron.

También acusaron a la FGR de violentar el derecho de las víctimas para designar libremente a sus representantes legales, rechazando el nombramiento de integrantes de organizaciones de la sociedad civil como asesores jurídicos, además de que las investigaciones “parecen centrarse sobre las propias víctimas, pues ya se ha vinculado a proceso a dos personas migrantes, a quienes se dio prisión preventiva. Esto sucede, mientras que el titular y el ex Director General de Control y Verificación Migratoria del INM son investigados en libertad sin ser separados de sus cargos”.