La Coalición de Trabajadores de Educación Pública de Coahuila manifestó que se han reagrupado para defender el derecho humano a la salud y el derecho humano a una pensión digna.
Saltillo, MÁS. – “Manifestarse es un derecho, reprimir es un delito”, así se queja la Coalición de Trabajadores de Educación Pública de Coahuila en un manifiesto mediante el que denuncian represión y persecución a uno de sus integrantes, quien hace dos años fue detenido sin causa justificada e interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, pero el nuevo titular dio por concluida la investigación con la excusa de que no era de su competencia.
Expusieron que rechazan las intimidaciones veladas o amenazas explícitas de persecución judicial contra los miembros de la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública “y en el caso particular contra el compañero Gustavo García Torres”.
Por lo que insistieron con que, “seguiremos denunciando los hechos de violencia y represión contra nuestro movimiento y no cejaremos en nuestro empeño de exigir la solución a las distintas problemáticas que padecemos en el tema de seguridad social”.
“No callaremos, seguiremos alzando nuestra voz ante la opinión pública mientras el gobierno siga violando nuestros derechos, reprimiendo nuestras manifestaciones y persiguiéndonos judicialmente”.
Entre “los actos represores destaca el ejecutado por fuerzas estatales y municipales para deshacer nuestro plantón en la Plaza de Armas el 14 de septiembre de 2021 en el que también se detuvo y encarceló injustificadamente a Gustavo García Torres, a quien se le atribuyeron delitos de sedición y amenazas con falsas acusaciones”.
Derivado de aquel incidente, afirmaron que acudieron a la CDHEC con el fin de denunciar la recurrente violación de sus derechos de manifestación, libre tránsito y protesta pacífica, por parte del gobernador y del entonces alcalde de Saltillo.
Y con la intención de dar seguimiento a varias quejas que interpusieron entonces a raíz de la represión mencionada “un grupo de integrantes de la Coalición acudimos recientemente ante el nuevo presidente de la CDHEC, José Ángel Rodríguez Canales, para exigir celeridad en el trámite de dichas quejas; dicho funcionario admitió públicamente omisiones, retrasos y dilación en el debido proceso relativo a nuestras demandas”.
No obstante, continúa el manifiesto, haberse comprometido a destrabar y proceder con diligencia en los casos expuestos, al día siguiente de nuestra entrevista, la CDHEC emitió un acuerdo.
En el cual se informó que “determina la conclusión de la queja del compañero Gustavo García, se declara sin competencia y ordena archivar el expediente respectivo, debido a haber recibido un oficio de la Fiscalía General del Estado en el cual da a conocer a esa Comisión la judicialización y curso penal que dicha fiscalía ha dado al caso de nuestro compañero”.
