Entre estas se encuentra la búsqueda de 3 mil 318 personas desaparecidas y no localizadas en el estado
Saltillo, Coahuila, MÁS. – En la víspera de la toma de protesta del nuevo gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, asociaciones civiles y defensores, recordaron los retos y deudas en materia de derechos humanos que tendrá que enfrentar el nuevo mandatario.
A través de un comunicado, FUUNDEC-M, el Colectivo Sí a la vida, Casa del Migrante Saltillo, Organización Pasta de Cochos, Colectivo Transporte Digno Saltillo, Centro para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, la periodista Camelia Muñoz, y Alma García defensora, recordaron al nuevo gobernante las deudas del estado para con los coahuilenses, ya que durante su campaña no mencionó ninguna política pública referente al tema de derechos humanos.
Entre estas se encuentra la búsqueda de 3 mil 318 personas desaparecidas y no localizadas en el estado, así como la justicia, la verdad de los hechos ocurridos del 2006 a la fecha, así como la sanción a quienes resulten responsables, incluyendo a servidores públicos de administraciones pasadas que pudieron incurrir en la comisión de delitos.
También en materia de desaparecidos, está pendiente la identificación de más de mil cuerpos y miles de restos humanos encontrados en fosas clandestinas, así como la recuperación, centralización y análisis de la información.
En tanto, los migrantes han denunciado ser víctimas de robo y extorsión por los elementos que se encuentran en los retenes de vigilancia que mantiene la Policía del Estado, específicamente en el ubicado en Monclova.
Así mismo, mujeres migrantes han denunciado abuso sexual por parte de dichos elementos, principalmente de los que se encuentran en el retén de Piedras Negras.
Además, señalaron que es necesario el fortalecimiento de los procesos de acompañamiento al programa de Integración Local que se desarrolla en coordinación con la Oficina de Naciones Unidas para Refugiados, sociedad civil y empresas de la localidad.
En cuanto al campo, es necesario que el Gobierno del Estado analice la sobre explotación de los mantos acuíferos para uso industrial, inmobiliario y para proyecto extractivistas como Ciudad Derramadero y Vinos y Dinos que “gentrifican el campo, condenan a muerte a los ejidos y ponen en riesgo a toda la región”, según señalaron.
Así mismo, destacaron la necesidad de prestar atención a los y las campesinas con el fin de construir una economía basada en las actividades que le son propias.
En cuanto a la región carbonífera del estado, consideraron que es una zona de sacrificio, ya que existe un historial de más de tres mil fallecidos en las minas de carbón, así como de hambre y pobreza extrema.“Nunca las autoridades han actuado de forma íntegra contra los responsables de las muertes, pero al menos esperamos que no formen parte del gabinete “funcionarios” que por decisión o por omisión cargan con la muerte de mineros y/o con el brutal daño que han hecho a poblados como Cloete, Agujita o Esperanzas”, mencionaron.
Aunado a ello, es necesaria una transición energética, ya que las carboeléctricas que se surten principalmente del carbón extraño en la región, en menos de una década llegan a su fin sin incluir a las víctimas y afectados en una discusión sobre el destino de la región.“Lo haremos solas/os, porque la región carbonífera somos los poblados, las víctimas, las comunidades y sobre todo los jóvenes que ya no quieren ir a las minas de carbón. La VIDA ha sido y es nuestra única apuesta y la seguiremos haciendo posible”, se lee en el documento.
En lo referente a la garantía del derecho a la movilidad humana, señalaron que los cambios en la legislación referente a ello han impedido avanzar hacia un modelo eficiente y sostenible.
Así mismo, la libertad de expresión se ha visto perjudicada, una vez que los últimos tres mandatarios han privilegiado el gasto publicitario por encima de otros temas prioritarios.
Esto fue un factor que ha impedido que los medios den espacios a voces críticas y personas que representan grupos de la sociedad con diversas problemáticas, señalaron, no es propio en un sistema político democrático“El ejercicio periodístico y la libertad de expresión no deben condicionarse al aplauso incondicional hacia un gobierno; en los últimos años se ha criminalizado la labor de periodistas, defensoras y activistas de derechos humanos, sin respetar el derecho a la protesta, a la organización, a la movilización, a la transparencia y rendición de cuentas”, manifestaron.
En cuanto a las mujeres en Coahuila, a menos el 72.5 por ciento de las mujeres mayores de 155 años han experimentado algún tipo de violencia, además durante los últimos 10 años, la entidad ha mantenido el récord de embarazos adolescentes víctimas de una violación.
Finalmente, sostuvieron que es urgente un cambio en la cultura política y la forma de gobernar Coahuila, con la aplicación de los estándares internacionales, las leyes, políticas y estrategias adaptadas al contexto y basadas en la ciencia, la investigación y los datos empíricos, saberes y tradiciones de quienes han vivido los procesos de cambio en la entidad.
