El pasado 17 de junio, la Corte Penal Internacional emitió una orden de captura contra el presidente ruso por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.
La Corte Penal Internacional (CPI) emitió el pasado viernes una orden de captura contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia, que denunció una decisión jurídicamente "nula".
La CPI, con sede en La Haya, también pidió la captura por el mismo motivo, considerado como un crimen de guerra, de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia.
¿Qué son los crímenes de guerra?
De acuerdo con la organización Amnistía Internacional, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece como crimen de guerra las violaciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949, y otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados, lo que comprende, entre otros, los siguientes actos:
El homicidio intencional, la tortura, la deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal de personas, los ataques intencionados contra la población civil y contra bienes civiles que no constituyen objetivos militares o el asesinato de prisioneros de guerra.
¿A quién se puede juzgar por crímenes de guerra?
En el Derecho Internacional Penal existe el principio de responsabilidad individual, que se encuentra en el artículo 25 del Estatuto de Roma, según el cual son responsables de este tipo de crímenes las personas y no los Estados.
Esta responsabilidad penal individual opera además con independencia del cargo ostentado por la persona presuntamente responsable, de tal manera que incluso jefes de Estado podrían ser llevados a juicio en caso de haber ordenado la comisión de estos crímenes. La primera condena dictada por la Corte Penal Internacional, en 2012, fue contra un líder de un grupo armado (Thomas Lubanga) que había reclutado y usado niños y niñas como soldados.
