Funcionario, encargados de verificar las condiciones que aseguren la vida e integridad de los mineros, deben ser juzgados por el delito de omisión
Saltillo, MÁS. – Con más de 20 muertes de mineros en Coahuila, tan solo durante el actual mandato, la responsabilidad penal debería alcanzar a los inspectores y funcionarios que permiten la operación ilegal de las minas, considera el abogado Miguel Dávila González.
Señaló que los propietarios y concesionarios de los pozos y minas de carbón de la región Carbonífera en Coahuila deben ser juzgados por el delito de operar bajo condiciones que no aseguran la vida e integridad de los trabajadores.
Así mismo, también deben ser presentados ante la ley, por el delito de omisión, a los funcionarios encargados de vigilar las verificaciones de los pozos carboneros y tomar las medidas de seguridad necesarias para la extracción del mineral.
El pasado 3 de agosto, a un año del siniestro de la mina Pinabete, Cristina Auberbach, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos, aseguró que las muertes de los mineros en Coahuila son responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad por entregar contratos a empresarios mineros que no cuentan con las condiciones óptimas de seguridad e higiene.
Así mismo, la activista responsabilizó al Gobierno Federal por no hacer caso al llamado de la organización para tomar medidas de no repetición.
Agregó que actualmente, el modelo de inspección de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sigue pendiente en la región.
