La diputada Estefanía Vargas propuso reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para proteger el espacio digital
La diputada Estefanía Vargas Camacho (PRI) propuso reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer que si se manipulan imágenes de contenido íntimo aplicando Inteligencia Artificial (IA), se impondrán de tres a seis años de prisión y multa de 500 a mil Unidades de Medida Actualizada (UMA).
“Esta iniciativa protege el espacio digital para sancionar a todas aquellas personas que violenten, divulguen, compartan o comercien imágenes, audios o videos íntimos de una persona sin su consentimiento, utilizando la IA”, refiere la iniciativa.
La tipificación de las conductas cometidas a través de los medios digitales es una necesidad imperante ante casos de mujeres que han sido afectadas en su vida privada, al darse a conocer por dichas vías imágenes, audios o videos de su intimidad sexual sin su consentimiento, refiere el proyecto.
Se entiende como violencia digital aquellas acciones que expongan, difundan o reproduzcan imágenes, audios o videos de contenido íntimo de una persona a través de medios tecnológicos y que, por su naturaleza, atentan contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres, causando daño psicológico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, además del daño moral, tanto a ellas como a sus familias.
El proyecto que fue turnado a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Justicia, afirma que la violencia contra la mujer que se vive hoy por las tecnologías de la información y la comunicación es real e impacta a las víctimas de forma psicológica, emocional y profesional, pues miles de ellas han sufrido este tipo de violencia y en, muchas ocasiones, son revictimizadas por las propias autoridades.
La legisladora afirmó que no regular las prácticas de la Inteligencia Artificial generativa, también puede propiciar contenidos escritos, imágenes y videos falsos o maliciosos, que podrían utilizarse en fraudes o en la suplantación de identidades y personas.
