Pidió primero analizar las impugnaciones a la de Comunicación Social; evitaría sentencias contradictorias.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que primero se analicen las impugnaciones a la Ley General de Comunicación Social (LGCS), antes que el Plan B de la reforma electoral.
Revisión. Por medio de un comunicado, la CJEF solicitó a la presidenta de la SCJN Lucía Piña Hernández que en orden de prelación y por seguridad jurídica, proceda a resolver primero sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la LGSC el 11 de mayo de 2018, y luego se analice la validez de la reforma a dicha norma, aprobada en diciembre de 2022. Recordó que dicha Ley fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del PRI, PAN, lo cual fue cuestionado por la entonces minoría en la Cámara de Senadores, la CNDH y el Partido Movimiento Ciudadano, al considerar que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones no son acordes con la Constitución federal. La Consejería Jurídica dijo que dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta. Esto es contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (Plan B).
La Consejería del Ejecutivo Criticó que hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018. Explicó que su solicitud es con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México.
“Para el Ejecutivo Federal esta petición pretende evitar que se emitan “sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”.
El denominado Plan B de la reforma electoral tiene un largo antecedente de opiniones y decisiones contrarias y a principios de abril se concedió una suspensión provisional por un juez federal, quien consideró que la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador no “justifica objetivamente” la reestructuración en el Instituto Nacional Electoral (INE), además de que los motivos para desaparecer diversas unidades administrativas están basados en “razones dogmáticas y genéricas”. El juzgador en Materia Administrativa otorgó la medida cautelar referida a la jefa de Departamento de Convenios y Contenidos Normativos de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, Marisol Duarte Martínez, quien interpuso un amparo para frenar los efectos y consecuencias de la aplicación.
