El Gobierno Federal cuestionado fuertemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras la filtración de una propuesta de sentencia realizada por el ministro Alberto Pérez Dayán con el fin de invalidar la primera parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral; afirmando que actuaron con irresponsabilidad por la “filtración”. Cabe recordar que las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas fueron aprobadas en diciembre de 2022.
La Consejería Jurídica constituye a un delito por lo que exigió al máximo tribunal del país a que inicie de oficio una investigación interna para deslindar responsabilidades y evitar que haya más conductas ilegales sobre el asunto. “Por esta razón, se espera que la SCJN inicie, de oficio, la investigación interna que corresponda a efecto de deslindar responsabilidades y evitar, en futuros casos, este tipo de conductas ilegales”, señala el comunicado emitido por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de un comunicado, la Presidencia de la República recordó que los proyectos de sentencia contienen información reservada conforme al acuerdo 18/2006 del Pleno.
