“Que pague más quien más gana y que reciba más quien menos tiene”, expuso en conferencia Diego Merla, coordinador de justicia fiscal en Oxfam México.
Diputados de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados suscribieron una iniciativa que reforma el artículo 31 de la Constitución para incorporar el término progresividad tributaria y que paguen más impuestos los más ricos.
La presentación de la iniciativa, misma que se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, coincidió con la presentación de la campaña nacional #QueLosMásRicosPaguen, impulsada por diversas organizaciones y colectivos agrupados en la Alianza Contra la Desigualdad en México.
Los promoventes de la reforma son los diputados Manuel Vázquez Arellano, Jorge Alberto Barrera Toledo y las diputadas Aleida Alavez Ruíz, María Clemente García Moreno y Marisol García Segura.
Organizaciones y promoventes coincidieron en que los impuestos a las grandes riquezas pueden fortalecer al erario a través de nuevos ingresos y sin afectar a la población; además de que se podrán amplificar los efectos redistributivos del gasto público.
Al incorporar el concepto de progresividad, señalaron, se pretende que haya un reparto equitativo de las cargas tributarias, responsabilizando a los grandes contribuyentes de pagar conforme a sus “altísimos” niveles de renta.
“Que pague más quien más gana y que reciba más quien menos tiene”, expuso en conferencia Diego Merla, coordinador de justicia fiscal en Oxfam México.
Los representantes de Alianza contra la Desigualdad y Oxfam México señalaron que la injusticia fiscal afecta directamente a la clase trabajadora del país. México, abundaron, es la quinceava economía más grande del mundo; sin embargo, 43.9% de su población vive pobreza multidimensional.
Con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), añadieron que al menos 67 millones de personas viven en situación de pobreza por ingresos en México, el equivalente al 53% de la población.
Del mismo modo, en México el 10% más rico de la población concentra cerca del 63% de los ingresos del país, mientras que solo el 1% más rico se queda con 39 del total de dichos ingresos.
Por ello coincidieron en que el dinero público recaudado de los impuestos debe servir para garantizar el ejercicio efectivo de derechos y reducir las brechas de desigualdad social.
