Los expolicías interceptaron a una persona que conducía una camioneta por calles del municipio de Apodaca y lo obligaron a descender para subirlo en una patrulla, donde lo “pasearon” por varios lugares y le exigieron 130 mil pesos
Monterrey.- La Fiscalía General de Justicia del Estado cumplió siete órdenes de aprehensión contra siete de ocho elementos de la policía estatal Fuerza Civil que presuntamente participaron en el secuestro agravado de una persona, a quien amenazaron con entregarlo a la policía ministerial y causarle daño a su familia, si no les daba 130 mil pesos.
La Fiscalía Especializada Antisecuestros informó que los expolicías fueron internados en el penal número 1 de Apodaca, ya que supuestamente el 2 de febrero pasado, a bordo de dos unidades de Fuerza Civil, interceptaron a una persona de sexo masculino, que conducía una camioneta por calles del municipio de Apodaca, y lo obligaron a descender para subirlo en una patrulla, donde lo “pasearon” por varios lugares y le exigieron 130 mil pesos, para no dañar a su familia.
Al sitio donde lo retuvieron ilegalmente los policías de Fuerza Civil, arribaron poco después cuatro personas en una camioneta con estrobos, que portaban insignias de la Agencia Estatal de Investigaciones, las cuales eran apócrifas; pero al hacerse pasar por ministeriales, fue suficiente para que un familiar de la víctima hiciera entrega del dinero que exigían los siete policías preventivos ahora cesados y detenidos, mientras un octavo elemento que había solicitado una incapacidad se encuentra prófugo.
Asimismo, está detenido uno de los cuatro civiles que se hicieron pasar por agentes ministeriales y se busca cumplir la orden de aprehensión contra los tres restantes.
Hasta el momento los detenidos son Eduardo “N” de 34 años; Jesús Antonio de 34, Eleuterio “N” de 37, José Antonio “N” de 42, Cristian Alejandro de 19, Jonathan de 34, y Omar Alejandro de 30 años de edad.
Por separado, Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad del Estado, dijo que fueron cesados ocho elementos de la policía estatal Fuerza Civil, de los cuales siete fueron detenidos hoy mismo, y uno se encuentra prófugo.
El funcionario estatal explicó que a los efectivos se les atribuye el delito de secuestro y por ser servidores públicos, de acuerdo al Código Penal, podrían ser condenados a una pena de hasta cien años de prisión, sin la posibilidad de ser beneficiados por buena conducta
La privación ilegal de la libertad del masculino cuya identidad se mantiene reservada, ocurrió el dos de febrero pasado, alrededor de las 16:30 horas en las inmediaciones del cruce de las avenidas Acapulco y Teléfonos, en el municipio de Apodaca, al noreste de la zona metropolitana.
Según las investigaciones del caso, iniciados por Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad, los elementos policiales interceptaron a la víctima y la obligaron a bajar de su camioneta Ford Pick UP F-150, para subirla a una patrulla, donde le manifestaron que sabían de sus “actividades delictivas”, por lo cual le solicitaron 130 mil pesos para no entregarlo a la Policía Ministerial.
Palacios Pámanes dijo que al sitio llegaron posteriormente cuatro civiles que se hicieron pasar por agentes ministeriales identificándose con credenciales apócrifas, ante lo cual, la familia del detenido accedió a pagar el dinero que solicitaron como condición para que lo dejaran en libertad, luego que lo retuvieron durante una hora y media.
Hasta el momento ya está detenido uno de los tres falsos ministeriales y tres más están prófugos.
Entre los elementos que robustecen las acusaciones contra los efectivos policiacos está el hecho de que el día y hora en que sucedió la privación ilegal de la libertad y extorsión, las dos unidades patrulla que traían a cargo estaban fuera de la zona de vigilancia o cuadrante donde estaban comisionados.
Asimismo, dijo que cuando Asuntos Internos documentó la actuación irregular e ilegal de los uniformados dio parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado, que durante sus investigaciones hizo contacto con el afectado, a quien se le mostraron fotografías de los elementos involucrados en la extorsión y privación ilegal de la libertad, mezcladas con las de otros oficiales no implicados en el caso, y la víctima pudo identificar plenamente a los oficiales de las dos patrullas que participaron en el ilícito mencionado.
