México no está preparado todavía para que se suprima la prisión preventiva en casos como delitos de alto impacto, declaró el Fiscal.
Saltillo, Coahuila, MÁS. – De acuerdo con sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prisión preventiva no debe prevalecer, por ello, un juzgado federal concedió el amparo al imputado por agresión sexual a una estudiante, de primaria de Saltillo, quien terminó suicidándose, para que pueda enfrentar su procedimiento judicial en libertad, informó el fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara.
Se trata del caso de dos menores de edad que sufrieron agresión sexual en 2022 por parte de un docente, a quien se imputó y en un primer momento, se le impuso la prisión preventiva. Sin embargo, solicitó un amparo y lo obtuvo de un juzgado federal, quien ordenó modificar la medida cautelar para imponerle un brazalete electrónico de localización, así como el arraigo domiciliario.
Bajo estas circunstancias, el imputado enfrentaría el procedimiento de juicio oral en libertad, mientras que familiares de las víctimas y su defensa, aparte de emitir una queja ante el Poder Judicial por dilación del procedimiento, colocaron una manta mostrando su inconformidad por la situación jurídica del imputado en un conocido cerro al sur poniente de la ciudad.
Márquez Guevara explicó de dicha medida cautelar y el estatus del proceso judicial.
Dijo que existe un tema de carácter internacional que tiene que ver con la prisión preventiva, que hay un par de opiniones de la Comisión interamericana de Derechos Humanos que han sentado precedente e indican que la prisión preventiva no debe prevalecer en los procedimientos penales.
Pero tratándose de prisión preventiva justificada están concediendo los amparos, por lo que el imputado obtuvo el cambio de medida cautelar por una decisión de carácter federal, no de la Fiscalía General del Estado ni del Poder Judicial estatal.
El juzgado federal ordenó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva por cualquier otro, entonces se le fijó la colocación de brazalete electrónico de localización y el arraigo domiciliario con vigilancia policiaca.
Lo que sigue, aclaró el fiscal, es que en cuanto concluya el juicio y si se emite la sentencia condenatoria tendrá que estar en prisión a partir de ese momento.
Expresó que, como fiscal y representante de la sociedad, no está de acuerdo con las opiniones de la Corte Interamericana, pues México no está preparado todavía para que se suprima la prisión preventiva oficiosa ni justificada en lo que tiene que ver con delitos de alto impacto.
