Los legisladores Carmen Rocío González y Éctor Jaime Ramírez propusieron que la Cámara de Diputados exhorte enérgicamente al Presidente y a las instituciones del Sistema de Salud para que resuelva dicha crisis
Por el desabasto de medicamentos para enfermedades psiquiátricas que lleva varios meses en el país, y ha afectado a miles de pacientes, los diputados panistas Carmen Rocío González Alonso y Éctor Jaime Ramírez Barba propusieron que la Cámara de Diputados exhorte enérgicamente al presidente Andrés Manuel López Obrador para que resuelva dicha crisis de salud.
En su punto de acuerdo, el llamado también sería para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, para que “ejecuten con urgencia las medidas necesarias para suministrar de medicamentos para atender la salud mental y las adicciones en todas las unidades médicas”.
Los legisladores del PAN también plantearon que la Cámara de Diputados solicite al titular del Ejecutivo, a la Secretaría de Salud y la Cofepris un informe sobre los planes para atender el desabasto de medicamentos para el tratamiento de las enfermedades de la salud mental y las adicciones.
“En la actualidad, el país pasa por un severo problema para proporcionar los medicamentos adecuados para la atención de los problemas de salud mental. Este problema no se veía desde 2016, cuando del abasto de medicamentos estaba cerca de 98% en las instituciones de salud públicas, sin embargo, en 2022, el abasto cayo hasta el 64%”, señala el documento.
Durante 2021, el gobierno destino 3 mil 031 millones de pesos para atender los problemas de salud derivado de los trastornos mentales, lo que representó solo el 2.1% del presupuesto para la Secretaría de Salud (SSa) y 0.1% menos que lo designado en 2020.
La propuesta panista señala que pese a un amparo a favor de Psicofarma, la Cofepris ha frenado la entrega de fármacos para tratar padecimientos mentales, por lo que “la Federación debería de estar trabajando en nuevas opciones para contrarrestar el desabasto de los diversos medicamentos para combatir los trastornos mentales”.
“No solo representa un problema para el gobierno federal y las instituciones médicas del país, sino que también se traduce en aspectos negativos para los pacientes y sus familias, como el aspecto económico y las recaídas que pueda tener el paciente, así como los efectos que produce la enfermedad que padece el paciente”, determinaron los legisladores panistas.
