La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito obtuvieron la suspensión provisional del decreto por el que se ordenaba la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y estudian la posibilidad de otro amparo contra la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Una vez que una jueza federal concedió el amparo cuya medida cautelar es la suspensión provisional del decreto por el que se ordenaba la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial Federal, este dio a conocer que será a través de una sentencia constitucional con la que se definirá el destino correcto de dichos fideicomisos.
A nombre de la directiva nacional y de las direcciones regionales de la República, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Alejandro Andraca Carrera, acompañado de trabajadores, jueces y magistrados, leyó un comunicado en la sede del Poder Judicial en Saltillo.
Anunció también que la Asociación valora objetiva y programáticamente la probable presentación de otra demanda de amparo contra la aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2024, “pues dichos ajustes presupuestales realizados por la Cámara de Diputados vulneran la autonomía financiera e independencia del Poder Judicial de la Federación”.
Explicó que las personas juzgadoras federales en el juicio de amparo directo 1754/2023, promovido por la representación de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, “una juzgadora federal con competencia constitucional en la Ciudad de México decretó la suspensión provisional del decreto que propone eliminar los fideicomisos del PJF, al adicionar un segundo párrafo al Artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y publicado el 27 de octubre pasado en el Diario Oficial de la Federación”.
Esto significa, continuó Andraca Carrera “que será resultado de una sentencia constitucional, no de un acuerdo de mayorías ni de planteamiento político alguno lo que defina el destino correcto de los fondos de los diversos fideicomisos con que cuenta el Poder Judicial”.
Luego de advertir que en la sentencia se analizarán las violaciones al procedimiento legislativo por el que se aprobó el decreto, la violación a la independencia y autonomía judicial, así como a la división de poderes constitucionales, el Magistrado expresó que los juzgadores federales iniciaron gestiones ante los organismos internacionales “en razón de las obligaciones que ha contraído el Estado Mexicano de respetar los derechos que derivan de los principios de autonomía e independencia, que imponen la no intromisión, no dependencia ni subordinación entre los poderes de un Estado democrático de derecho”
