Fueron electas 65 personas de dichas poblaciones, obteniendo así más de la mitad de representantes.
Organizaciones civiles y activistas por los derechos humanos de personas con discapacidad, indígenas y afromexicanas, migrantes y poblaciones LGBTTTIQ+, presentarán acciones legales contra la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, conocida como Plan B, pues reduce a la mitad los 50 espacios de representación en el Instituto Nacional Electoral (INE) que por ley se otorgaban a estas poblaciones históricamente excluidas.
Así lo informaron esta mañana frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde también explicaron que, además de la reducción, no se ha definido cómo serán distribuidos estos espacios, sino que se deja al Congreso la responsabilidad de eventualmente establecer esos criterios y se le quita a las instituciones electorales cualquier facultad para especificarlos.
La activista Láurel Miranda explicó que en 2021 el INE acató sentencias del Tribunal Electoral y aprobó cuotas tanto en representación por mayoría relativa como en listas de representación proporcional, para estas poblaciones y reservó al menos una fórmula de cada grupo en los primeros 10 lugares de cada lista.
Así, se garantizaron 30 espacios para personas indígenas, cuatro para afromexicanas, ocho para personas con discapacidad, tres para personas de la diversidad sexual y de género, y cinco para migrantes o residentes en el extranjero. Es decir, 50 lugares para estas personas.
“Esos lineamientos de acciones afirmativas producidos por el INE generaron un círculo virtuoso”, añadió, pues los partidos políticos registraron 520 personas, cuando solo tenían la obligación de registrar 50. Finalmente, fueron electas 65 personas de dichas poblaciones, obteniendo así más de la mitad de representantes.
Por ello, con base en el principio de progresividad del artículo primero constitucional, que se refiere a que no se debe dar pasos atrás en derechos ya reconocidos, iniciarán un juicio de amparo para hacer efectivo su derecho a la no discriminación.
“Los grupos históricamente excluidos hoy alzamos la voz para enfrentar esa visión que pretende limitarnos a ser solamente receptores y receptoras de programas sociales”, dijo en su oportunidad la activista Rubí Toledo.
“Exigimos una participación activa en la toma de decisiones del país, como representantes democráticamente electos, con acciones afirmativas que nos visibilicen y nos incluyan para participar en los procesos internos de los partidos políticos, en las candidaturas y en las campañas electorales”, puntualizó.
